El Gobierno nacional se vio obligado a recalibrar los alcances del proyecto sobre defensa de la soberanía nacional, conocido informalmente como la “ley de Malvinas”, tras la intervención explícita de Washington. La reciente visita al país del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, despejó cualquier margen de especulación al confirmar en conferencia de prensa la preocupación de su país por el régimen de sanciones previsto contra petroleras y entidades que operan en las islas, desactivando así los desmentidos previos de la Casa Rosada.
La presión estadounidense impactó directamente en el Capítulo I de la iniciativa, diseñado originalmente para endurecer las penalidades a firmas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en aguas circundantes al archipiélago y a quienes aporten su financiamiento. Ante las advertencias sobre la amplitud de las figuras legales, el oficialismo abrió una mesa técnica para precisar los tipos penales, reavivando diferencias internas entre el sector alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo —partidario de sostener el texto original— y las espadas legislativas de la Cámara de Diputados, inclinadas hacia una salida pragmática que no tensione los lazos con la diplomacia norteamericana.
Los ajustes al articulado también buscan desactivar críticas en el frente doméstico. La nueva versión que circula entre los bloques aliados retira el cuestionado artículo 111, que estipulaba penas de prisión de hasta 12 años para quienes manipularan la opinión pública mediante presuntas campañas de desinformación al servicio de agentes extranjeros. Esta cláusula había suscitado un fuerte rechazo en el ámbito periodístico e institucional por su amenaza a la libertad de expresión, sumándose a las objeciones opositoras que denunciaban una reforma encubierta sobre Inteligencia, Defensa Nacional y financiamiento partidario.
En los despachos oficiales aseguran contar con el número necesario para avanzar —estimando un piso de 140 votos con el respaldo de gobernadores— y descartan que la iniciativa vaya a ser archivada. Sin embargo, los tiempos parlamentarios apremian. La demora en los consensos dificulta la emisión de dictamen en la Comisión de Defensa antes del cierre del período de sesiones ordinarias, en un clima donde además afloran tensiones con el entorno de la vicepresidencia y el Senado mantiene sus prioridades puestas en otras discusiones electorales.
