Aunque todavía no hay confirmación definitiva, se prevé convocar al recinto los jueves 19 y 26, con reuniones y temas que aún no están completamente definidos. Para el miércoles 25, en tanto, se espera el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Si avanzan en Diputados el Presupuesto 2027 o la iniciativa sobre Malvinas, todavía con definiciones pendientes, las comisiones podrían comenzar a debatirlos. Por falta de tiempo, las discusiones continuarían en sesiones extraordinarias a partir de diciembre, siempre que el Ejecutivo convoque a ese período e incluya esos proyectos, u otros como los pliegos judiciales, en un eventual temario.
El primer proyecto que el Senado tiene en la mira recibió dictamen en octubre de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria. Se trata del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que la Argentina firmó el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998. Diputados, en cambio, lo votó recién en agosto pasado.
Como la Cámara baja introdujo modificaciones, el proyecto volvió al Senado para una segunda revisión. Con el dictamen ya firmado, el acuerdo quedó en condiciones de ser sancionado, si el oficialismo reúne el apoyo de sus aliados y pide tratarlo en el recinto el jueves de la semana próxima.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos. También forma parte de los compromisos asumidos en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El Gobierno intentó acelerar en Diputados el texto original, pero encontró la oposición de los laboratorios y dejó “en reserva” el capítulo II. Ese apartado establece que una patente registrada tenga vigencia durante 20 años en todos los países miembros.
Desde el sector farmacéutico alertaron sobre la posible expansión del “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica que atribuyen a laboratorios multinacionales. Según advirtieron, estos podrían valerse del examen preliminar internacional previsto en el capítulo II para promover cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos existentes, sin mejoras terapéuticas reales, y así prolongar artificialmente un eventual monopolio y limitar la competencia.
La oposición, por su parte, ya anticipó que no considera posible postergar la nueva ley de discapacidad. El oficialismo acompañó el articulado impulsado por los bloques contrarios a Milei. Para evitar perjudicar al titular de la Cámara baja, Martín Menem —y, por esa vía, a Karina Milei—, aceptó casi todos los reclamos de kirchneristas y sectores dialoguistas. En el medio, se intentó presentar la iniciativa como una propuesta libertaria, una estrategia que generó cuestionamientos.
Con el proyecto ya en el Senado y luego del dictamen aprobado días atrás, desde la Casa Rosada intentaron imponer cambios que podían dejar en una posición incómoda a su propia jefa en la Cámara alta, la porteña Patricia Bullrich. Ella ya había acordado con todas las fuerzas respetar el texto que los propios mileístas y la oposición aprobaron en Diputados. La postura de Balcarce 50 no encontró respaldo. Si se sanciona la ley, el Presidente podrá vetarla de manera parcial o total, con las consecuencias que eso supondría.
Para el martes 17 y el miércoles 18 están previstas audiencias sobre pliegos judiciales que podrían llegar al recinto el 26. Eso dependerá de que el Gobierno envíe las ternas para distintos cargos, como reclamaron sus aliados, cuyas bancadas ya expresaron su malestar. Si no lo hace, no habrá novedades. Al mismo tiempo, avanzan proyectos que recién iniciaron su recorrido y dan lugar a situaciones inusuales. Es el caso de la iniciativa sobre cabotaje: una senadora llama a colegas para reunir apoyos para un eventual dictamen de mayoría y, en paralelo, busca convencer a otros de firmar uno de minoría, con el objetivo de alcanzar las rúbricas necesarias.
Otro proyecto que quedó listo para ser votado antes del final del período ordinario es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Incluye el límite del 15% a la venta de tierras a extranjeros que la oposición impuso al karinismo y a Menem en Diputados. El dictamen, que necesitaba esas firmas, apareció recién el viernes pasado, después de varios días de incertidumbre.
