La primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores ocurrió del 13 al 17 de julio en el Palacio de las Naciones. Este organismo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de redactar un instrumento internacional que sea jurídicamente vinculante, orientado a promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores.
En la dirección de este proceso está el embajador argentino Carlos Mario Foradori, quien ejerce como presidente y relator del grupo. Durante las negociaciones, Foradori expresó que el propósito es establecer un sistema de protección que no solo aborde los desafíos actuales, sino también aquellos que surgirán a medida que aumente la población envejecida. El diplomático argentino afirmó que la intención es crear “un instrumento que refuerce la dignidad, la protección y los derechos de millones de personas mayores en todo el mundo”.
Si esta iniciativa avanza, podría resultar en una convención internacional similar a otros relevantes tratados de derechos humanos de la ONU, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la actualidad, no existe un documento internacional que se enfoque de manera exclusiva en los derechos de las personas mayores.
Los defensores de la propuesta resaltan que, a pesar de que los tratados existentes incluyen cláusulas generales contra la discriminación, todavía hay vacíos legales que dejan desprotegidas a muchas personas mayores ante el abuso, la exclusión y la desigualdad.
Entre los países que apoyan la iniciativa se encuentran Brasil, Eslovenia, Filipinas y Gambia, además de Chile y Sudáfrica, que también han expresado su respaldo en la semana de negociaciones. Los representantes se volverán a reunir en octubre en Ginebra para proseguir con la elaboración del futuro tratado.
Este debate se produce en un contexto de envejecimiento global de la población. Según proyecciones de la ONU, el número de personas mayores de 65 años se duplicará en los próximos 50 años, alcanzando cerca del 20% de la población mundial.
Un tema central en las discusiones es la lucha contra el edadismo, o discriminación por edad. Un informe de 2021 de un experto independiente designado por la ONU determinó que esta forma de discriminación es prevalente y que muchos estereotipos sobre la vejez siguen afectando leyes y políticas públicas en distintos países.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos citan como ejemplos de esta discriminación las jubilaciones obligatorias, los límites de edad para distintas actividades y la reducción de programas de prevención o detección temprana de enfermedades en personas mayores.
Los promotores de la convención también señalan situaciones menos visibles. Heidrun Mollenkopf, presidenta de AGE Platform Europe, una red de organizaciones de personas mayores, aseveró que hay numerosos casos que no reciben la atención pública adecuada. “Hay muchas situaciones en las que las personas no están plenamente protegidas por la legislación vigente”, indicó.
Mollenkopf agregó que entre estas problemáticas se encuentran abusos en hogares de larga estadía, negligencias y restricciones impuestas a personas con demencia. “Lo que está ocurriendo permanece completamente oculto”, enfatizó.
La creación de una nueva convención internacional no será un proceso instantáneo. La ONU ha reconocido que este tipo de negociaciones suelen extenderse por varios años antes de llegar a un texto final que cuente con el apoyo necesario de los Estados miembros.
No obstante, el encuentro de esta semana marca el inicio formal de un proceso que podría resultar en el primer gran tratado internacional exclusivamente dedicado a los derechos de las personas mayores, un debate que cobra relevancia en un momento donde el envejecimiento poblacional se ha convertido en uno de los desafíos demográficos más significativos de este siglo.
