Santilli ha conseguido, gracias a un enfoque más pragmático dentro de la mesa política libertaria, lo que su predecesor, Guillermo Francos, no logró: un leve aumento en la disponibilidad financiera. Así, sin cifras significativas, está logrando sumar apoyos para proyectos libertarios en el Congreso.
Tres gobernadores aliados han expresado que, para asegurar la reelección, no basta con alcanzar consensos en el ámbito legislativo. Coinciden en que es fundamental que «la gente» comience a notar una mejora en su calidad de vida. El cambio en la estructura socioeconómica, impulsado por nuevos sectores como la minería y los hidrocarburos, no se refleja en los grandes centros urbanos, donde reside la mayor cantidad de votantes.
Las negociaciones en curso entre la Nación y las provincias, que aún no han tocado aspectos cruciales como la reforma tributaria, se desarrollan en un contexto de tensión en las cuentas provinciales. El superávit primario consolidado de las provincias cayó al 0,2% del PBI en el primer trimestre, uno de los niveles más bajos en 13 años y por debajo del 0,4% alcanzado en el mismo período de 2025, así como del 0,9% registrado en 2024.
Un informe de una consultora revela un panorama de menor margen financiero para los gobernadores, quienes también enfrentan crecientes demandas del sector estatal y de las capas sociales más vulnerables. Al mismo tiempo, los representantes del empresariado solicitan reducciones impositivas, un tópico que el ministro Luis Caputo menciona frecuentemente, enfocándose en el impuesto a los Ingresos Brutos.
Los mandatarios provinciales sostienen que existen áreas de las cuales la Nación se ha desentendido y por esto son ellos quienes deben dar respuestas para evitar crisis sociales, indicando que el ajuste tiene un límite.
Un estudio de los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, del Ieral de la Fundación Mediterránea, examina el margen existente para reducir la carga fiscal, analizando la evolución del gasto público en los últimos 20 años. A pesar de que la mayor parte del aumento del gasto se atribuye al Estado nacional, las provincias representan cerca de un tercio de ese incremento, con salarios y jubilaciones provinciales siendo los factores principales.
El estudio argumenta que, tras varios años de ajuste, la discusión ya no se centra únicamente en cuánto debe gastar el Estado para mantener el equilibrio fiscal, sino también en determinar qué nivel de gasto es compatible con una menor presión tributaria y un crecimiento económico sostenido.
El gasto público consolidado (que incluye Nación, provincias, municipios, empresas públicas y obras sociales) alcanzó su máximo histórico en 2016, representando el 47,3% del PBI, pero se redujo a 35,4% el año pasado.
Los economistas destacan que esta reciente disminución no altera la visión a largo plazo. Al comparar el inicio y el final del período analizado, el gasto público continúa siendo considerablemente superior al de hace 20 años.
En las provincias, el mayor incremento se concentró en el gasto en personal, donde cerca del 60% del aumento se relaciona con mejoras salariales y la expansión de la planta de empleados públicos. Si se suman las jubilaciones provinciales, estos conceptos explican alrededor de cuatro quintas partes del incremento del gasto provincial en el período.
Los salarios constituyen, en promedio, el 45% del gasto total de las provincias, una proporción notablemente superior a la del gobierno nacional, donde este ítem representa aproximadamente el 12% del presupuesto. Esto limita las opciones de recorte para los gobernadores, salvo que opten por reducir drásticamente sus planteles, lo cual prefieren evitar dado que no hay sectores capaces de absorber a esos trabajadores.
En los municipios, las remuneraciones representan alrededor del 47% del gasto. A nivel nacional, el crecimiento del gasto fue diferente, siendo impulsado principalmente por las prestaciones previsionales, las cuales se vieron favorecidas por moratorias jubilatorias y la expansión de la cobertura, junto con asistencia social, subsidios, especialmente en el sector energético, y transferencias a empresas públicas.
El informe señala que, mientras las remuneraciones reales del sector público han aumentado cerca del 95%, el número de empleados públicos creció alrededor del 60% entre 2005 y 2025.
Otro aspecto relevante es la evolución de la inversión pública, tema que actualmente está en la agenda de discusión entre los gobernadores y Santilli. Las erogaciones de capital crecieron hasta 2014, pero luego perdieron peso relativo y finalizaron el período en niveles semejantes a los de inicio de la serie, mientras que los intereses de la deuda aumentaron, especialmente en los episodios de mayor endeudamiento entre 2016 y 2019.
El tamaño del ajuste ejecutado desde 2016 abre un nuevo debate sobre el tamaño permanente que debería tener el Estado argentino. Según Capello y Reyna, esta respuesta será crucial no solo para asegurar la sostenibilidad fiscal, sino también para habilitar futuras reducciones de la presión tributaria sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.
En este debate, las provincias emergen como actores clave debido a la relevancia de los salarios y los sistemas previsionales en la estructura del gasto subnacional.
