A través de su cuenta de X, Fernández Sagasti manifestó que negarle la oportunidad de votar implicaría privar a su provincia de representación. “¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo. No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos”, expresó.
Además, compartió un video en el que detalla que ha presentado una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel, solicitando que se habiliten los medios necesarios para su participación remota en la sesión planificada para este jueves.
La senadora indicó que su médico le ha prohibido viajar largas distancias, tanto por tierra como por aire. Afirmó: “Pero si yo fuera una senadora de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia, esto no me afectaría; podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de 1000 kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”.
Fernández Sagasti, perteneciente al Partido Justicialista, subrayó que no está “incapacitada para leer expedientes, debatir ni votar”. También mencionó que existen medios virtuales para votar a distancia, previamente aprobados por la Corte Suprema de la Nación, como los utilizados durante la pandemia. “No veo por qué se me pueda negar este pedido. Este pedido que hago no tiene nada que ver con la licencia por maternidad que me corresponde y que la tomaré en su debido tiempo”, afirmó.
Y concluyó: “Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.
Fernández Sagasti está esperando su primer hijo con su pareja, el actor tandilense Cristian Cimminelli. Su relación fue confirmada en mayo del año pasado.
La senadora busca participar en la votación de un proyecto que busca fortalecer la protección de la propiedad privada. Sin embargo, el mayor foco de resistencia reside en el capítulo que elimina restricciones a la venta de tierras por parte de compradores extranjeros.
De acuerdo con la legislación actual, se limita la venta de tierras a extranjeros a un 15% de la superficie disponible, y ninguna nacionalidad puede poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
El nuevo proyecto elimina estas restricciones para los compradores individuales, manteniendo límites solo para gobiernos o empresas extranjeras. Asimismo, acelera los procesos judiciales de desalojo de inmuebles, tanto en áreas urbanas como rurales.
En medio de las negociaciones, el Gobierno ha tenido que ceder ante la presión de la oposición y, en lugar de eliminar el límite del 15%, establecerá uno del 25% para la adquisición de tierras productivas por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Este porcentaje funcionará como un límite superior, ya que también se permitirá a las provincias establecer regulaciones por debajo de esa cifra.
Los cambios, destinados a asegurar los votos necesarios para la aprobación del proyecto, se anunciarán este martes a las 16 en una conferencia de prensa en la que participarán la líder de la bancada oficialista y los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
