La mayor parte de las tierras en manos de extranjeros está asociada a sectores como la ganadería, la agricultura y la industria forestal. Entre los principales actores se encuentran la Compañía de Tierras Sud Argentino —perteneciente a la familia Benetton, de origen italiano— con 900.000 hectáreas, el fondo suizo Estomonte con 404.000 hectáreas y el grupo chileno Arauco Argentina, que posee 272.000 hectáreas.
Además, Adecoagro, una sociedad anónima controlada por Tether, suma cerca de 200.000 hectáreas y opera desde Bahía Blanca. Otros actores relevantes son Nieves de Mendoza, con antecedentes en Malasia y el Reino Unido, que cuenta con 145.000 hectáreas; Forestal Bosques del Plata, de Chile, que tiene 94.298 hectáreas; y la familia Turner, de Estados Unidos, con 51.000 hectáreas.
A nivel nacional, el porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras no supera el 5%. Sin embargo, hay provincias donde este porcentaje es considerablemente mayor. Misiones presenta el 11,29% de su superficie rural sometida a propiedad extranjera; Salta, el 11,4%; y San Juan, el 10%. Otras provincias con cifras elevadas incluyen Santa Cruz, Catamarca, Mendoza, Salta, y Corrientes, todas registrando más del 8%.
En contraste, la región pampeana evidencia un nivel de extranjerización de tierras notablemente inferior. En Córdoba y Santa Fe, el porcentaje ronda el 1,7%, mientras que en la provincia de Buenos Aires llega al 2,87% y Entre Ríos se sitúa en el 3,23%. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires no tiene tierras rurales en manos de extranjeros.
Un examen a nivel municipal revela que algunos distritos sobrepasan el 50% de tierras extranjerizadas. En San Carlos, Salta, los propietarios extranjeros detentan casi el 60% de las tierras. Otros municipios destacados son Molinos, en Salta, con un 57%; General La Madrid en La Rioja, con un 56%; Lacar, Neuquén, con un 54%; y Campana, Buenos Aires, con el 50%.
La lista se completa con Guazuvirú (Misiones), Ituzaingó (Corrientes), Guachipas (Salta), Berón de Astrada (Corrientes) y General Güemes (Salta). Esta tendencia pone de manifiesto que la extranjerización presenta desigualdades significativas, con municipios donde el capital extranjero supera ampliamente los umbrales nacionales o provinciales.
La legislación vigente establece un límite del 15% para la propiedad extranjera a nivel nacional y provincial, aunque el proyecto en debate propone elevarlo al 25%. En varios municipios, la concentración ya excede los límites actuales, despertando inquietudes en las comunidades locales acerca del acceso y la gestión de los recursos.
El proyecto de ley que se analiza en el Congreso busca modificar estos límites legales sobre la propiedad rural por parte de extranjeros. Desde el Gobierno sostienen que la flexibilización de estas restricciones podría atraer inversiones y estimular el desarrollo económico, aunque hay voces contrarias que advierten que la nacionalidad del propietario no garantiza inversiones ni crecimiento productivo.
El debate también aborda el control de recursos estratégicos, en especial en zonas núcleo y áreas fronterizas. En varios municipios con fuerte presencia de capital extranjero, estas tierras comprenden reservorios de agua y áreas productivas esenciales para la economía local.
El Registro Nacional de Tierras Rurales es la herramienta que permite identificar y supervisar la concentración y localización de tierras en manos extranjeras. Cada vez que un extranjero adquiere terrenos en Argentina, debe registrar la operación. La discusión parlamentaria acerca de la ampliación de los límites y la intervención de los gobiernos provinciales suscita nuevas interrogantes sobre la futura regulación estatal de la propiedad rural.
El Congreso se acerca a una votación crucial sobre la extranjerización de las tierras rurales. Las posiciones están divididas entre quienes priorizan la atracción de inversiones extranjeras y quienes abogan por conservar el control nacional sobre los recursos. El desenlace de esta sesión será determinante para establecer si el límite a la propiedad extranjera se mantiene o se amplía, lo cual tendrá repercusiones directas en provincias y municipios.
