A continuación, se presentan siete aspectos clave que ilustran la situación de la morosidad en los créditos.
Argentina ha sido históricamente uno de los países de la región con menor acceso a financiamiento. En 2023, la relación entre el producto bruto y la deuda se ubicó en un 5%, cifra que escaló al 12% al inicio de este año. Este cambio se atribuye a que, con la nueva administración, los bancos optaron por dejar de financiar al Estado y comenzaron a conceder créditos al sector privado. Paralelamente, las billeteras digitales intensificaron sus estrategias de inclusión financiera, otorgando préstamos a personas excluidas del sistema financiero. La reducción de la inflación facilitó la concesión de créditos en un contexto donde las tasas de interés eran relativamente bajas.
Mientras el crédito fue en aumento, el poder adquisitivo de los salarios se estancó el año pasado, con paritarias que no lograron alcanzar una inflación que se aceleraba. Adicionalmente, la cotización del dólar comenzó a incrementarse a mediados del año pasado, lo que llevó al Gobierno a aumentar las tasas de interés en pesos para aliviar la presión en el mercado cambiario. Esta combinación resultó en un encarecimiento del crédito y, simultáneamente, en una reducción del dinero disponible para afrontar deudas.
Un estudio de la consultora FMyA informa que la banca tradicional, compuesta por bancos y compañías financieras, concentra el 91% del stock de crédito al sector privado, registrando una irregularidad del 8%. En contraste, las fintech, tarjetas no bancarias, retail, SGR y fideicomisos representan el 9% del crédito total, pero evidencian una irregularidad del 32%, es decir, cuatro veces más que los bancos.
La tasa de morosidad para préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito alcanzó en junio el 12,8%, lo que significa una disminución de 0,1% en comparación con el mes anterior. Este dato muestra un aumento constante desde 2024, cuando la morosidad era de solo el 3% con muchos menos créditos vigentes.
De acuerdo con un análisis compartido en redes sociales por el experto Matías Fernández, la deuda mediana está en torno a los $ 643.000, mientras que el total en mora asciende a aproximadamente $ 17,79 billones. Casi el 40% de los deudores debe menos que un salario mínimo vital y móvil, que ronda los $ 400.000.
Asimismo, Mercado Pago agrupa cerca del 19% de los deudores, aunque tan solo representa un 2,9% del total de dinero en mora. Una tendencia similar se observa entre las fintech y billeteras digitales, que abarcan aproximadamente un 29,4% de las personas morosas, pero solo el 6,2% del monto total impago.
Existen otras entidades fuera del sistema financiero que ofrecen préstamos con requisitos mínimos, muchas veces solo exigiendo la presentación del DNI o un trámite digital. Hay 68 de estas empresas que cuentan con 2,5 millones de clientes, de los cuales el 52,1% se encuentra en mora.
La morosidad es elevada también en los clientes que financian sus compras mediante supermercados o casas de electrodomésticos, donde las tasas de incumplimiento oscilan entre el 30% y el 45%.
Los costos del crédito se ven afectados por diversas tasas. Al ofrecer un préstamo, tanto bancos como billeteras presentan la Tasa Nominal Anual (TNA), que refleja el interés durante un año. Sin embargo, posteriormente se introduce la Tasa Efectiva Anual (TEA), que incluye los intereses sobre la deuda, y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), que incorpora impuestos, seguros y otros gastos. Es posible que los intereses se dupliquen al comparar la TEA con la CFTEA.
Un aspecto decisivo es que las tasas varían significativamente según el perfil del deudor. Generalmente, los bancos ofrecen mejores condiciones a sus clientes habituales. No obstante, la tasa de interés para un préstamo personal bancario no baja del 100%, a pesar de que la inflación se sitúa en un 30% anual.
Los bancos cuentan con más herramientas para evaluar la capacidad de pago de sus clientes, ya que tienen acceso a la información sobre ingresos y gastos. En cambio, las billeteras digitales no disponen de estos datos y, para mitigar el riesgo de impago, aplican tasas más elevadas, que pueden superar el 1.000% en casos extremos. Esto explica por qué una misma persona puede recibir una tasa distinta de su banco habitual y de una billetera desconocida.
Situaciones similares pueden presentarse entre dos empleados de una misma empresa que perciben salarios similares: la billetera ofrecerá una mejor tasa a aquel que presente más señales de cumplimiento. Estas señales pueden incluir el tipo de celular que utilizan o los servicios contratados con la aplicación. No existe un control estatal sobre los niveles de tasas.
Si un deudor deja de cumplir con sus pagos, la deuda crece rápidamente, creando una «bola de nieve» donde la presión de los prestamistas aumenta. A diferencia de lo que se cree, las fintechs tienen herramientas legales similares a las de los bancos tradicionales para reclamar el cobro de deudas.
En caso de incumplimiento prolongado, los bancos pueden inhabilitar las tarjetas de crédito de los deudores. Si la situación se agrava y el deudor está empleado, se puede embargar parte de su salario hasta saldar la deuda, o se pueden imponer restricciones sobre sus bienes.
Aquellos que se encuentren en el mercado informal serán incluidos en registros como el Veraz, lo que les impedirá acceder a cuentas bancarias, compras a plazos o nuevos préstamos hasta saldar sus deudas.
Cuando las deudas son consideradas «incobrables», los bancos a menudo las venden a estudios jurídicos que utilizan tácticas más agresivas para recuperar el dinero, utilizando llamadas y cartas documento, e incluso contactando a familiares del deudor para presionarlo.
Las entidades financieras no están interesadas en mantener una cartera morosa, ya que ello afecta sus balances. Por este motivo, a menudo implementan programas de refinanciamiento con plazos más extensos y, en algunos casos, tasas más favorables, siendo estas alternativas más comunes en bancos públicos.
Por el momento, el Gobierno continúa afirmando que no existen planes de rescate destinados a los deudores.
