En el Mensaje N° 43-2026 se indica que el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea continuarán con el reequipamiento a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), en el marco del Decreto 314/26, destinado a fortalecer capacidades operacionales.
Esto se complementa con el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), presentado en mayo de 2026, que destina el 10% de los ingresos generados por la venta, locación o privatización de bienes estatales al reequipamiento militar; en el caso de activos de las Fuerzas Armadas, el porcentaje de reinversión directa asciende al 70%.
El presupuesto prevé, entre otros aspectos, la adquisición de un sistema de armas para restaurar las capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, la compra de munición para reservas estratégicas y operacionales, y avances en el Plan Satelital de la Defensa, que abarca el desarrollo de tecnologías ópticas, electroópticas, criptografía cuántica, radares láser y sistemas de observación. También se contempla la implementación del Plan de Capacidades Militares, el establecimiento de un Comité de Logística Conjunta y la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.
La planilla anexa al Artículo 42 del proyecto, que permite al Poder Ejecutivo llevar a cabo operaciones de crédito público, detalla tres partidas. Dos de ellas están destinadas a la Armada: USD 2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales destinados a la Base Naval Mar del Plata, con un plazo mínimo de amortización de tres años, y USD 1.200 millones para la incorporación de dos fragatas multimisión en la Base Naval Puerto Belgrano, también con un plazo mínimo de amortización de tres años. El tercer ítem corresponde al Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, por USD 250 millones.
Es importante destacar que el Artículo 42 no asigna recursos presupuestarios para su ejecución inmediata; más bien otorga una autorización legal para negociar financiamiento. La realización de las adquisiciones dependerá de la obtención de fondos y de la aprobación del presupuesto completo por parte del Congreso. Sin embargo, la compra de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano ya cuenta con una asignación específica de 37.616 millones de pesos, parte del programa de mantenimiento de medios e infraestructura operacional.
Las negociaciones para los submarinos no se orientan a proveedores estadounidenses. Expertos del sector de defensa han indicado que estas aspiraciones son a largo plazo y con costos que podrían extenderse durante varias décadas.
Luego del anuncio de Milei, el Gobierno había indicado que el presupuesto contemplaría partidas superiores a 300.000 millones de pesos (aproximadamente 200 millones de dólares) para reiniciar la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Sin embargo, el texto presentado al Congreso no incluye una asignación específica con dicho nombre ni esa cifra, haciendo mención indirecta a la base a través del eje logístico Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel.
El primer tramo del proyecto ya está en ejecución sin necesidad de aprobación legislativa. Mediante el DNU 867/2026, el gobierno reasignó 217.954 millones de pesos al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas en el ítem “adelantos a proveedores de Defensa y contratistas”, sin detallar los proyectos.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que las obras comenzarán en enero de 2027, tras haberlo anunciado previamente. En el cronograma oficial, se empezará con la construcción de obradores necesarios por las condiciones climáticas, seguidos de la obra del muelle principal, que tendrá 580 metros en forma de L, permitiendo el atraque de embarcaciones militares y civiles. A su vez, entre diciembre y marzo, se ampliará la pista de aterrizaje de la Base Petrel. El costo total de este proyecto asciende a 450 millones de dólares y su finalización está prevista para 2029.
La Base de Ushuaia integra un esquema más amplio. El gobierno la concibe como un centro logístico y como parte de un sistema integrado de vigilancia permanente del Atlántico Sur, que combinará diversos componentes para mejorar el monitoreo de la milla 201.
En cuanto al componente espacial, el DNU 867/2026 asignó 119.289 millones de pesos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con 49.000 millones destinados a equipos de comunicación, 11.000 millones para el diseño y fabricación de cuatro satélites SARE II A, y 21.355 millones para la tercera etapa de Misiones Satelitales. Además, se planea el lanzamiento del satélite SABIA-Mar para el primer semestre de 2027.
El presupuesto también incluye la puesta en marcha de dos radares móviles tridimensionales RPA-200M, desarrollados por INVAP, para la vigilancia del espacio aéreo.
Por otro lado, el ministro Presti destacó la modernización en curso como parte de la alianza estratégica con Estados Unidos. El año anterior, se realizaron adquisiciones de ocho vehículos blindados Stryker, que ahora están en una brigada en La Pampa. Esta compra habilitó el acceso a un lote adicional de 235 unidades del mismo modelo, con la llegada de entre 50 y 60 unidades antes de fin de año. A su vez, el Ejército Argentino recibió los primeros ocho camiones Unimog U4000 de un total de 64, destinados a renovar su flota táctica de transporte terrestre.
En el ámbito aéreo, se prevé la incorporación de seis aeronaves F-16 en el ejercicio 2027, en el marco de un contrato global firmado con Dinamarca por 24 cazas supersónicos. Para respaldar esta incorporación, se asignan 10.090 millones de pesos a la modernización de infraestructuras en la VI Brigada Aérea de Tandil y en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.
Además, se autorizan contrats plurianuales para recuperar el servicio de rampa militar en 15 brigadas, bases y destacamentos de la Fuerza Aérea, y para restablecer la capacidad de mantenimiento de pistas y helipuertos en El Palomar. Se espera que la segunda tanda de F-16 llegue la semana próxima.
El gobierno también ha avanzado en el proceso de adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk a través del sistema de Ventas al Exterior de Estados Unidos. Aunque se mencionaron 140 millones de dólares como cifra para el paquete, el costo real de la operación es de 38 millones de dólares, que incluye los cuatro helicópteros, además de sistemas de mantenimiento, motores y capacitación de pilotos y mecánicos. Para optimizar costos, se evalúa realizar la capacitación inicial en Colombia.
Los primeros dos helicópteros llegarán en el primer trimestre de 2027 y los restantes en el segundo semestre.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que estas adquisiciones se interpreten como una preparación para conflictos, especialmente por la tensión en torno a las Islas Malvinas, Presti enfatizó: “Todo este material es parte de robustecer nuestro sistema de defensa, para nuestra protección y para brindar seguridad e integridad territorial. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”. Además, aseguró que “la soberanía y el reclamo de las Islas es por vía diplomática y vía pacífica”.
En el ámbito diplomático, se asignan 6.384 millones de pesos a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería, en el marco del Programa 23. Estos fondos se destinarán a acciones bilaterales y multilaterales ante la ONU y otros foros para mantener el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, el Sándwich del Sur y las áreas marítimas circundantes. El proyecto también prevé la continuidad de pensiones para veteranos de guerra y la gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
