La investigación tiene como objetivo esclarecer si existieron delitos por parte de funcionarios públicos durante la negociación, obtención y gestión del crédito otorgado en 2018. Originalmente, el préstamo se había fijado en US$50.000 millones, pero fue ampliado posteriormente en US$7.100 millones.
Aparte del expresidente, la indagación involucra al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, así como a Luis Caputo y Federico Sturzenegger, junto con exfuncionarios del Banco Central como Guido Sandleris, Gustavo Cañonero, Verónica Rappaport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro.
La causa fue archivada el 2 de febrero por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien determinó que los hechos en cuestión no constituían delitos. Entre sus argumentos, manifestó que las Cartas de Intención y los Memorandos de Políticas Económicas y Financieras firmados con el FMI no imponían un destino obligatorio para los fondos que pudiera dar lugar a una acusación de malversación.
El fiscal Franco Picardi apeló la resolución, argumentando que era necesario profundizar en la investigación. En particular, subrayó la importancia de examinar la trazabilidad de los fondos y los posibles vínculos entre funcionarios y actores privados que pudieran haber obtenido beneficios en las operaciones de divisas.
Con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara Federal Porteña ratificó el archivo del caso. Consideraron que, tras más de cinco años de indagaciones, así como de la inclusión de informes de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Banco Central, junto a documentación administrativa y testimonios relacionados con el FMI, no se había alcanzado el nivel de prueba necesario para sustentar la existencia de los delitos denunciados.
Un aspecto polémico del fallo fue el informe de la SIGEN, que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de US$29.618 millones. Sin embargo, para la Cámara, dicho deterioro económico no era suficiente para comprobar que los funcionarios habían actuado de manera perjudicial para el Estado o que habían desviado fondos para beneficio propio o de terceros.
Los jueces también señalaron que la negociación con el FMI se realizó bajo un contexto de “urgencia financiera reconocida”, y que las irregularidades administrativas mencionadas no permitían inferir que los funcionarios habían tenido la intención de actuar ilegalmente.
Agüero Iturbe cuestiona este razonamiento en su nuevo recurso, indicando que es prioritario investigar los hechos y a los presuntos responsables antes de determinar qué delitos pueden corresponder. “En una causa penal se investigan ‘hechos’ y no ‘calificaciones legales’”, señaló en el documento presentado ante la Cámara.
A su juicio, aún quedan medidas significativas por realizar que podrían clarificar el destino de los fondos y si hubo beneficiarios privados en las operaciones investigadas. Por ello, considera que el archivo fue prematuro y que la investigación debe proseguir antes de tomar una decisión definitiva.
El fiscal también critica la fundamentación de la resolución de la Cámara, alegando que carece de una “fundamentación sólida” y no es una derivación razonada de las leyes vigentes en relación con los hechos de la causa. A partir de este argumento, solicita que la resolución sea anulada. Esta solicitud se produce tras la confirmación del archivo de un caso que llevaba más de cinco años en investigación, con la Cámara resaltando que los delitos no fueron probados y que no se justificaba una revisión judicial de decisiones de política económica sin evidencia de conducta delictiva.
