Las iniciativas en cuestión son la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), promovida por el presidente Javier Milei, y la modificación del régimen de zonas frías. Ambos proyectos ya cuentan con el visto bueno de la Cámara de Diputados y tienen dictamen de comisión en el Senado. Desde el oficialismo confían en obtener los votos necesarios para su aprobación el jueves.
No obstante, se trata de propuestas que generan controversia, ya que enfrentan fuertes desacuerdos. Uno de los puntos de mayor disputa se centra en una cláusula que exige un voto de dos tercios en ambas cámaras para destituir a un director del BCRA, una mayoría similar a la requerida para avanzar con un juicio político contra el Presidente o los jueces de la Corte.
La convocatoria a la sesión se determinará en una reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo este miércoles a las 14, donde los líderes de los diferentes bloques definirán el temario y la hora de inicio de la sesión.
El orden del día también incluirá una iniciativa destinada a regular el mercado de carbono, dirigida a captar el apoyo de bloques provinciales para facilitar el quórum necesario en la Cámara alta.
Esta convocatoria se produce tras una reunión de Bullrich con algunos jefes de bloque dialoguistas en la sede del bloque radical, donde se discutieron posibles apoyos y se evaluaron los votos.
La reforma de la carta orgánica del Banco Central es considerada una medida estratégica para la economía, ya que busca redefinir el marco regulatorio de la entidad y establecer como prioridad la preservación del valor de la moneda. Este cambio implicaría la eliminación de las metas establecidas durante el kirchnerismo, que incluyen la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social, objetivos que el actual gobierno considera equivocados.
Además, el proyecto pretende limitar las vías de financiamiento del BCRA al Tesoro, prohibiendo adelantos transitorios y restringiendo la compra de títulos públicos en el mercado primario, así como evitando que la emisión monetaria se utilice como herramienta para cubrir desequilibrios fiscales.
Frente a esta propuesta, el principal punto de discusión es el método de designación y remoción de las autoridades del BCRA. La iniciativa busca endurecer las condiciones para destituir al presidente y a los directores de la entidad, exigiendo mayorías agravadas en el Congreso.
Si el Senado aprueba la reforma sin modificaciones, el texto se convertirá en ley. En caso de introducir cambios, el expediente deberá volver a Diputados para una segunda revisión, una situación que el oficialismo desea evitar para no retrasar la implementación de una norma clave en su política monetaria.
En cuanto a la ley de zonas frías, la propuesta modifica los subsidios al gas que fueron ampliados en 2021 por la administración anterior, que el gobierno actual tacha de “electoralistas”. La iniciativa busca restringir la cobertura automática a las regiones con climas extremadamente fríos, como Patagonia, Malargüe y la Puna, y priorizar un enfoque basado en ingresos y condiciones de vulnerabilidad en lugar de un criterio puramente territorial.
Los hogares que cumplan con estos nuevos criterios podrán seguir recibiendo el beneficio a través de un régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que aquellos que se beneficiaron en la ampliación anterior podrían enfrentar reducciones en sus descuentos.
La iniciativa plantea una discusión tanto fiscal como de representación federal. Para el oficialismo, el régimen actual ha incrementado el gasto público sin justificación técnica suficiente, mientras que desde la oposición se critica que esto resultará en aumentos de tarifas para hogares y pequeñas actividades económicas en zonas con inviernos severos o altos consumos de gas.
Por último, la posible inclusión de un dictamen que regule el mercado voluntario de carbono en la sesión busca establecer un marco para la certificación, registro y comercialización de créditos que provengan de proyectos que reduzcan o eviten emisiones de gases de efecto invernadero, brindando seguridad jurídica a productores y potenciales compradores de activos ambientales. Aunque no se considera el tema principal, esta regulación podría facilitar negociaciones con senadores de regiones productivas que están interesados en respaldar proyectos ambientales.
