No obstante, hay un aspecto menos abordado que subyace a todos estos argumentos, y es que la esencia de este conflicto se encuentra, en realidad, en el propio Congreso de la Nación. Cuando las reglas permiten que el Congreso promulgue leyes que no respetan el principio de generalidad, es decir, que deben aplicarse uniformemente y no favorecer a actores específicos, se produce un cambio de incentivos que puede disminuir la productividad de la economía en su conjunto.
Esto se ilustra mejor con un ejemplo práctico. Un gerente de cualquier empresa tiene limitaciones de tiempo y debe administrarlo de manera efectiva. Cada hora dedicada a la innovación para optimizar productos o reducir costos puede traducirse en mayores ganancias. Sin embargo, ¿qué sucede si, de manera repentina, ese gerente se da cuenta de que puede aumentar su rentabilidad al reunirse con un senador para obtener un beneficio regulatorio? Su elección racional será dedicar más tiempo a esta actividad, que le genera un retorno inmediato.
Aunque pueda parecer que los recursos invertidos en una reunión política son mínimos, el verdadero problema aparece cuando se considera que otros actores también están intentando inclinar la balanza a su favor. En el caso del bioetanol, por ejemplo, los productores buscarán promover un mayor corte obligatorio, mientras que las compañías petroleras preferirán uno menor. El inconveniente radica en que el favor político que se puede conceder es único, y todo el esfuerzo, tiempo y dinero invertidos por el sector que no logra ese favor son desperdiciados en un conflicto infructuoso.
No se debe culpar a los empresarios por esta dinámica. De hecho, mientras las reglas del juego permitan obtener beneficios a través de decisiones políticas, sería poco sensato que estos empresarios pasaran por alto esa opción. El núcleo del problema no reside en aquellos que buscan un beneficio, sino en el sistema institucional que lo permite.
Por consiguiente, es fundamental impedir que el Congreso promulgue leyes que concentren beneficios en unos pocos y discriminen al resto. Cuando una norma tiene el potencial de mejorar la situación de un grupo particular, la política se convierte en un conflicto perpetuo por la gestión de esos beneficios. En cambio, cuando reina el principio de igualdad ante la ley, desaparecen esos incentivos, y cada empresa se enfoca en su propio desarrollo.
En última instancia, la capacidad del Congreso para otorgar favores influye decisivamente en el avance del país. Como bien lo expresó Mancur Olson, en sistemas políticos que facilitan la obtención de beneficios específicos, los diferentes grupos de interés tenderán a agruparse para conseguirlos. Esto, a su vez, generará una disminución en los incentivos para producir, mientras que aumentará la búsqueda de favores políticos. Este cambio puede originar una transformación gradual de la sociedad, pasando de ser productiva a convertirse en una buscadora de rentas políticas, lo cual lleva al derroche de recursos en actividades de lobby.
El debate sobre el corte de bioetanol es pertinente e incluso saludable. Sin embargo, lo que resulta perjudicial para el país es el contexto que lo genera: la posibilidad de que el Congreso emita regulaciones favorables para un grupo en detrimento de otro. Cuanto más universales sean las normas y menor sea la capacidad de distribuir beneficios entre sectores específicos, mayores serán los incentivos para que las empresas dediquen sus recursos a lo que realmente saben hacer: innovar y ofrecer productos de calidad.
