El camino de Argentina desde 2001: enfrentando y superando el default

El 23 de diciembre de 2001, en medio de la convulsión política y económica provocada por la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, presidente peronista de San Luis, se hizo cargo del país y declaró el default ante la Asamblea Legislativa. «No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros», expresó al hacer oficial la cesación de pagos. La decisión fue recibida con aplausos por la mayoría de los legisladores presentes y marcó el mayor default en la historia argentina, que ascendía a US$144.279 millones, equivalentes al 53,8% del PBI de ese tiempo.

Casi veinticinco años después, Argentina se aproxima a resolver definitivamente las secuelas de esa decisión que ha influido en la economía del país durante décadas.

El primer intento de solución tuvo lugar en 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, implementó un canje que incluía una quita del 66% de la deuda. Este nuevo marco permitía reemplazar los títulos en default por nuevos bonos que ofrecían mayores intereses si la economía mostraba crecimiento; fueron conocidos como bonos cupón PBI. La respuesta de los acreedores fue positiva, alcanzando un 76% de adhesión. Kirchner afirmó tras el anuncio del canje que la deuda en cesación de pagos «ha quedado reestructurada» a través de un proceso que describió como «único y excepcional», con una «racional sustentabilidad interna».

En 2010, durante el mandato de Cristina Kirchner y bajo el liderazgo de Amado Boudou en el Ministerio de Economía, se reabrió el canje, logrando que el 92,4% de los acreedores intercambiaran sus bonos en default. Para facilitar esto, el gobierno tuvo que modificar la Ley Cerrojo, instaurada por Lavagna, que prohibía realizar nuevas propuestas a aquellos acreedores que no aceptaran el canje inicial.

No obstante, el 7,6% restante de los acreedores optó por litigar contra el país, lo que desencadenó un default técnico en 2014. El juez Thomas Griesa, que se desempeñaba en el Distrito Sur de Nueva York y que ya ha fallecido, impuso medidas cautelares que impedían a Argentina pagar a los bonistas que habían concordado en los exchanges previos. Este fallo sin precedentes tuvo consecuencias tangibles, incluida la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana.

En abril de 2016, apenas unos meses después de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, junto con su secretario de Finanzas, Luis Caputo, alcanzaron un acuerdo con los demandantes y abonaron US$9.300 millones a parte de los holdouts, permitiendo a Griesa levantar las medidas cautelares. Para cumplir con dichos compromisos, se emitieron bonos Globales que en 2020 el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos de los canjes de 2005 y 2010. Los nuevos acuerdos de 2016 también resolvieron otros juicios pendientes en Nueva York.

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