Durante su conversación, los especialistas expresaron que la preocupación principal de la clase media radica en la pérdida sostenida del poder adquisitivo, consecuencia de una política oficial que ha mantenido los sueldos bajo control para contener la inflación, mientras que la oposición aboga por una mayor libertad en las negociaciones de salarios.
Federico González Rouco trazó un panorama claro sobre la situación actual de los hogares: “Nosotros tenemos una medición, que seguimos el ingreso disponible, que es esto, lo que le queda a un hogar después de hacer los gastos fijos, y nosotros lo tenemos en el, en, en general, 5% por debajo de cuando asume este gobierno”. Además, destacó que “para los hogares de menores ingresos, la caída todavía es mayor”, advirtiendo que “en los últimos cinco meses hubo en los cinco meses caída”.
El economista subrayó que los gastos fijos, incluyendo “gas, transporte, electricidad, alquiler, expensas”, han aumentado “muy por encima de cualquier índice de inflación”, lo que agrava la pérdida de capacidad de consumo. Según sus análisis, “los gastos fijos representaban el 15% de un ingreso en promedio en noviembre de 2023. Hoy es 24%”.
Por su parte, Lucía Cirmi Obón centró su análisis en el impacto social de la situación económica: “El esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina está igual que siempre. De hecho, en promedio, los trabajadores en Argentina trabajan 40 horas semanales y las personas pobres trabajadoras trabajan 42 horas, o sea, trabajan más que los no pobres. Pero lo que hoy falta es mucha política pública alrededor de ese esfuerzo”.
La economista remarcó que el Gobierno de Milei “ajustó toda la economía para encontrar una variable positiva, la reducción de la inflación”, aunque advirtió que “el ingreso disponible hoy es incluso, en algunos casos, 12% abajo”.
En cuanto a posibles soluciones, Cirmi Obón sugirió: “Podrías mejorar la situación de los trabajadores regulando la tasa a la que reconfigurás la deuda de la tarjeta de crédito, que es algo que Milei liberó. El salario mínimo vital y móvil, que está en 350 mil, debería estar en 550 mil. El bono de los jubilados, que está en 70 mil pesos, debería estar en 200 mil pesos para mantener poder adquisitivo”.
Por su parte, González Rouco señaló que “gran parte de la caída viene por la corrección de subsidios o de tarifas”, explicando que “gran parte de la caída del ingreso disponible no es solamente que caen los ingresos, es que también crecen los gastos fijos”.
Al comparar la situación local con la del resto del mundo, sostuvo: “Lo que estoy hablando es para el AMBA. Para otras regiones donde lo vimos, para la de Argentina es más o menos similar. El resto del mundo es mucho más diferente”.
Ambos profesionales coincidieron en que la estructura del mercado laboral argentino presenta un obstáculo significativo para la recuperación económica.
