La Justicia suspende despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Recientemente, la Justicia dictó un fallo favorable a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aceptando su solicitud para revertir la Resolución 42/26 emitida por el gobierno nacional. Esta resolución contemplaba la suspensión de más de 900 servicios prestados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La decisión gubernamental, anunciada en abril, había sido criticada por los empleados del INTI, quienes acusaron al gobierno de intentar “desmantelar” la institución como justificación para la eliminación de más de 700 puestos de trabajo.

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de San Martín adoptó una medida cautelar solicitada por el sindicato, ordenando a la administración del INTI que suspenda la aplicación de la resolución. Rodolfo Aguiar, secretario general del ATE, compartió su satisfacción en redes sociales: “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo. Es un triunfo para los estatales”.

Aguiar agregó que “la Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, y calificó la cautelar como un “avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.

El líder sindical también criticó al Gobierno, afirmando: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”.

En abril, el Gobierno había anunciado la supresión de más de 900 servicios del INTI, argumentando que la decisión respondía a una “baja demanda”. Este recorte es parte de un plan del Ejecutivo para reducir el funcionamiento del organismo en los próximos años.

Los servicios eliminados incluyen pruebas microbiológicas en alimentos, análisis de calidad del agua, metrología y calibración de instrumentos, así como ensayos para sectores como la construcción y el transporte. “Se verificó que una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada. Dicha situación implica un uso subóptimo de los recursos estatales”, indicaron en el Boletín Oficial.

La medida provocó reacciones adversas entre los empleados del INTI y del ATE, quienes lamentaron que la resolución reforzaba el intento de desmantelamiento de la entidad y contribuiría a la pérdida de “personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria”. A principios de mayo, se convocó un paro de 24 horas, y el sindicato enfatizó que la supresión de casi 1000 servicios representaba una reducción del 30% en las operaciones de la institución.

“Desde ATE no aceptamos la amenaza de despidos masivos y la desarticulación de líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población. El Gobierno no puede justificar que el INTI es un organismo deficitario, dado que los servicios son financiados por las empresas. Además, el INTI es superavitario”, concluyó Aguiar.

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