El proyecto fue presentado por Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, contando con el respaldo de los bloques Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, Pich y Primero Chubut-CET. La única oposición provino del diputado Juan Aquino del Frente de Izquierda, quien votó en contra de la propuesta.
Este enfoque se alinea con las iniciativas adoptadas previamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ocho provincias argentinas, así como por naciones como Dinamarca, Noruega, Francia y los Países Bajos.
Durante su exposición, Pais fundamentó su propuesta en investigaciones que evidencian los efectos negativos que el uso de teléfonos móviles tiene en niños y adolescentes. «El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo; los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo», argumentó el legislador.
Para reforzar su posición, Pais citó opiniones de la Sociedad Argentina de Pediatría y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, quienes han alertado sobre el uso excesivo de teléfonos móviles que puede llevar a problemas como alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión. A partir de ello, el diputado presentó la ley no solo como un instrumento educativo, sino también como una medida activa para la prevención de problemas de salud: «Si garantizamos un uso limitado de los dispositivos en los establecimientos educativos vamos a retrasar o a disminuir al menos todos estos perjuicios que ya son evidentes, que ya se estudian y que implican un deterioro de la salud de nuestra sociedad y un mayor gasto en inversión en políticas de salud», sostuvo.
Además, la ley busca restaurar la autoridad del cuerpo docente, permitiendo a los educadores decidir cuándo es apropiado utilizar los celulares con fines pedagógicos. En esta línea, el diputado Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) resaltó que la legislación ofrece al sistema educativo «una herramienta legislativa para que pueda hacer algo respecto de la utilización de la telefonía móvil».
El diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) también expresó la esperanza de que la normativa actúe como un llamado de atención para las familias, indicando que el tiempo que los niños dedican fuera de la escuela «también merece, por parte de la institución familiar, el mismo control y la misma responsabilidad».
La diputada Andrea Toro (Pich) presentó datos del Observatorio Argentinos por la Educación: en 2024, el 37,6% de los estudiantes en el país nunca desactivaba las notificaciones de sus dispositivos durante las clases, y uno de cada tres alumnos mantuvo su celular activo en el aula, generando estímulos constantes.
Un informe regional de la UNESCO, elaborado por la doctora Roxana Morduchowicz, analizó la regulación del uso de celulares en 12 países de la región y concluyó que la restricción parcial es la norma más común, en contraposición a la prohibición total. Solo cuatro países —Brasil, Chile, Colombia y Paraguay— tienen leyes nacionales específicas al respecto; en Argentina y México, las regulaciones se han implementado en el ámbito subnacional. Actualmente, al menos 11 jurisdicciones en Argentina han promulgado legislaciones o resoluciones propias, con diversas consideraciones según el nivel educativo.
El mismo informe señala que las restricciones no abordan de manera efectiva problemas como el acoso digital, la desinformación o el acceso a contenidos nocivos. «Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones», advierte el documento. Por ello, UNESCO sugiere complementar las políticas restrictivas con una sólida educación en ciudadanía digital, que prepare a los estudiantes para un uso crítico y consciente de la tecnología, más allá de simplemente reducir su presencia en el aula.
