La resolución se publicó hoy en el Boletín Oficial tal como había consignado LA NACION y es el quinto incremento oficial para el sector en un año desde que salió el decreto 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones y determinó que los precios serían fijados por el gobierno nacional.

En esta oportunidad, sin embargo, no figura la suba oficial para las grandes compañías de telefonía celular y cable que, en su mayoría, tienen medidas cautelares dictadas por la Justicia contra el decreto y siguen estableciendo sus propios precios.

En este sentido, hace unos días el vicejefe de Gabinete convocó a una reunión a los directivos de estas empresas. Asistieron los representantes de Telecom, Telefónica, Claro y Arsat, el presidente del directorio del Enacom y tres directores.

Jorge Neme planteó que la intención del Gobierno era buscar “puntos de acuerdo”. Que se aspiraba a un “servicio esencial para el desarrollo de la sociedad en su conjunto e insumo fundamental para la construcción de un sistema productivo competitivo” y que “no era lógico ni razonable” que el tema esté judicializado. Hubo un intercambio de opiniones y se acordó que las compañías presentarían una propuesta para iniciar la negociación.

La propuesta debería girar alrededor de tres ejes, según Jefatura de Gabinete: definición de servicio público esencial, qué prestaciones incluiría; modos de actualización de tarifas y línea de base de niveles de inversión para acompañar el desarrollo tecnológico y mejorar el servicio. En los primeros días de 2022 habría una segunda reunión.

Los aumentos

El primer aumento que otorgó el Gobierno post DNU tuvo lugar hace un año, en diciembre de 2020, cuando autorizó un incremento del 5% para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y cable, que habían estado congelados la mayor parte de 2020 por la pandemia de coronavirus y la necesidad de trabajar y estudiar desde el hogar (resolución 1466). En el caso de los licenciatarios con menos 100.000 accesos podían incrementar el valor de sus precios hasta un 8%.

Dos meses después, a fines de febrero pasado, el Enacom dijo que las empresas de telefonía celular podían subir un 7,5% y un 2,5% adicional, en febrero y marzo, y las de TV paga, internet y telefonía fija, entre el 5% y el 7,5% a partir de marzo. Pero la condición era que devolvieran lo facturado en exceso en esos meses (resoluciones 203 y 204).

Finalmente, en julio pasado se autorizó un cuarto y último incremento del 5% para la telefonía fija, la móvil, internet y la televisión por suscripción con la misma condición que el anterior: que se devolviera lo facturado por encima de lo autorizado (resolución 862).