CORDOBA.- Los empresarios del transporte reunidos en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) adelantaron que cortarán servicios de corta y media distancia por la deuda que, según sostienen, mantiene el Gobierno nacional por subsidios y alcanza los $4430 millones, lo que equivale casi a la mitad del Fondo Compensador, de $9600 millones. Desde el Ministerio del Transporte rechazaron -ante la consulta de LA NACION- que haya demoras. Plantearon que los pagos se hacen después del 15 de cada mes, previa rendición.

“La cuota de marzo se paga este mes; las de enero y febrero se cancelaron después del 15 del mes siguiente -indicaron desde Transporte a este diario-. Además, antes de cobrar marzo, tienen que rendir febrero, y todavía no hay ninguna provincia que lo haya hecho”. Desde la cartera que comanda Alexis Guerrera sospechan que hay “algo detrás” del reclamo empresario,

Desde Fatap apuntaron, a través de un comunicado, que el transporte público de “todo el interior” no ha recibido los aportes “comprometidos de parte del Gobierno y sin los fondos necesarios se ve impedido de pagar salarios y cargar combustible, por lo que el servicio se verá interrumpido en el sector de corta y media distancia”.

Insistieron que, de no haber una solución de parte del Gobierno, las empresas “no podrán prestar servicios” y describieron que “hay en riesgo 33.000 empleos, pese a los constantes esfuerzos que hacen las empresas del sector”.

La suba del 40% del Fondo Compensador para el primer trimestre se oficializó a mediados de febrero en medio de la pelea entre Nación y CABA por el traspaso de 32 líneas de colectivos a la administración porteña.

En esa oportunidad, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT), autor de un proyecto para subir las partidas para subsidios, sostuvo que el objetivo es llegar a $46.000 millones al año, 70% más que en 2021.

Los empresarios ahora plantean que, a la falta de los fondos acordados con el Estado Nacional, se suma la preocupación por el abastecimiento del gasoil y su aumento de precio: entre diciembre del año pasado y marzo último el incremento acumulado es de entre el 34% y el 52% según el tipo de combustible.

Siempre según los privados, eso lleva a las prestadoras a tener que abonar un precio que “supera en un 10% aquel al que las estaciones de servicios venden al público”, lo que implica $1486 millones “sin compensación de ninguna especie”.

En esa línea, reclaman el “inmediato” pago de lo correspondiente a febrero y marzo del Fondo Compensador y piden también que, en relación al precio del gasoil, se retrotraiga “al valor mayorista, se rehabiliten las condiciones de descuentos y se otorguen los cupos vigentes al 1 de enero”.

Insisten en que se dispongan “asistencias suplementarias para atender el incremento del costo del gasoil”. Fatap indica que la Secretaría de Transporte debe dictar, “sin más demoras, la resolución que dote al sector de previsibilidad presupuestaria” para este año.

Suman que el texto debe incluir la proporción que, “como mínimo, las jurisdicciones deberán aportar en relación a los desembolsos que efectúe el Estado Nacional” para poder hacer frente a un “eventual acuerdo salarial”. Si no, insisten, “será imposible evitar que las prestadoras racionalicen sus insumos y recursos, adaptando la oferta de servicios a los que dispongan, con el fin de evitar, en lo inmediato, la paralización de la actividad”.

Los gobiernos provinciales y municipales aportan recursos -en diferentes montos- para evitar una suba del boleto o, en el caso de que se dé, que sea menor al que reclaman las empresas. De todos modos, hace más de dos años que los privados sostienen que están paralizadas todas las inversiones porque “lo que paga el usuario más los aportes del Estado no cubre los costos”.