CÓRDOBA.- La llegada de Silvina Batakis a Economía tuvo como respuesta un apoyo de los gobernadores que tenían trato permanente con ella cuando estaba en el Ministerio del Interior. Pero con los días se fueron encendiendo alertas por los anuncios de la ministra, que ratificó que cumplirá con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece una restricción a los giros que reciben de la Nación por fuera de la coparticipación.

Otro aspecto que los mandatarios pelean y que no tendría respuesta es el pedido de más subsidios para los servicios públicos. Con este escenario de reclamos llegarán hoy los gobernadores que se reunirán con la ministra.

Es a las provincias del norte -en general peronistas y afines a la Casa Rosada- a las que más les preocupa que haya un ajuste superior al del primer semestre en los giros por fuera de la coparticipación. Entre enero y junio, la caída real fue del 2,9%. Esas jurisdicciones son las que más dependen de la ayuda extra de la Nación.

“No tienen mucho poder de daño por ese lado”, grafica el encargado de las Finanzas de un distrito opositor importante. La referencia apunta directamente a cuestiones que están en el núcleo de la administración provincial. En el caso de las obras públicas, por ejemplo, puede afectar el nivel de actividad y el discurso de campaña, pero no el presupuesto local.

En lo que hace a subsidios, los responsables de empresas provinciales de Energía esperan una reunión con Darío Martínez para resolver qué harán. El tema más candente es el del transporte público de pasajeros. Todos los gobernadores vienen exigiendo un trato igualitario al que tiene el AMBA (no apuntan solo a CABA); los planteos les llegaron a los ministros Alexis Guerrera, Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Manzur.

Entre los legisladores logró consenso un proyecto del Interbloque Federal para llevar a 70.000 millones de pesos el fondo compensador, pero no están los recursos. Hasta el mes pasado se habían repartido $20.100 millones entre las provincias y Transporte ordenó la distribución de $16.050 millones para el cuatrimestre julio-octubre (implicó un aumento del 10% para julio, agosto y septiembre y un 16,9% adicional para octubre). Esto es considerado “insuficiente”.

Por estos subsidios, a finales de mayo hubo un fuerte contrapunto entre Guerrera y el exministro Martín Guzmán, quien quería cortar los envíos de dinero al interior y planteaba que debía aumentar fuerte el boleto en el AMBA.

El revalúo que no se hizo

A finales de marzo, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, la calificadora de riesgo Fitch Ratings estimó que su impacto en las finanzas provinciales sería “neutro” porque esperaban una mejora fuerte en la coparticipación por efecto de una mayor recaudación del IVA y del revalúo fiscal en el que no se avanzó. Sobre ese ítem el reporte señala: “Las provincias se podrán alzar con $4500 millones en 2022 y $14.100 millones en 2023 por la coparticipación de Bienes Personales, sin contar posibles beneficios del incremento en los impuestos inmobiliarios propios de cada jurisdicción”.

Entre los primeros anuncios que hizo Batakis se refirió a que el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi) pasaba de Interior a Economía. Fueron varios los funcionarios provinciales que ya conocían ese dato porque a la decisión se las había contado Roberto Arias, exsecretario de Políticas Tributarias de Guzmán. Fue el exministro el que había pedido y logrado ese cambio.

El Ofevi estaba, precisamente, en el área donde se desempeñaba Batakis y ni en su gestión ni en la del macrismo, que lo creó, se avanzó para homogeneizar la valuación fiscal de las propiedades en todo el país y acercarlas más a los valores de mercado. Para hacer ese cambio y aplicarlo, las provincias son autónomas. De hecho, son varias las que llevan más de una década sin actualizar esos valores pudiendo hacerlo.

Si bien el acuerdo con el FMI no tiene implicancias sobre el convenio firmado entre la Anses y las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, esos giros están retrasados, no en tiempo sino en actualización real. El desfase sí impacta directamente en las finanzas subnacionales. Las fuentes de las provincias coinciden en que no es porque no se aprobó el presupuesto 2023 en el Congreso, sino que “depende directamente de Anses”.

El año pasado, para este fin, se transfirieron $58.500 millones; las alcanzadas son Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Inflación

Los gobernadores que avalaron a Batakis hablaron de su mirada “productivista” y “federal”. A dos semanas de su asunción, con la inflación que sigue en alza, al igual que los dólares y el riesgo país, las fuentes consultadas coincidieron en que “hay que darle tiempo”.

El contexto de aceleración de la inflación -que es lo que más preocupa a los gobernadores– termina colaborando con las administraciones con números ordenados porque la coparticipación e incluso la recaudación propia crecerá más que el gasto corriente presupuestado. Claro que, a la vez, genera más presión gremial y social.

El presidente Alberto Fernández varias veces dijo que no habrá ajuste del gasto social. En ese segmento la distribución de planes sociales -el dominante es el Plan Trabajar- favorece largamente a Buenos Aires (el 57,6 % del total de beneficios se concentra en provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires). Sobre la descentralización del manejo de los programas, que pidieron los mandatarios, no hubo avances.

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, dijo que “se trabaja sobre un esquema de emisión monetaria menor y menor déficit fiscal” y confió en que el comité de defensa de la competencia que anunció Batakis colabore para evitar “la especulación”. Su par pampeano, Ernesto Franco, consideró que la sociedad “tiene que darle tiempo” a la ministra, a quien consideró “mucho más capacitada” que Guzmán y recalcó que es “conocedora de todo el interior”.