Contablemente, el Gobierno propuso cambiarles a las entidades públicas los bonos que tienen por otros cuya paridad es más conveniente; es decir, por títulos que solo por un artilugio contable harían crecer el valor de las carteras de inversiones. La mayoría de esos bonos está en manos del FGS de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El impacto de la medida puede ser contraproducente, por varias razones. En primer lugar, el Gobierno busca salir a vender los bonos que son objeto del canje a precios con paridades cercanas al default. Eso es aceptar un costo enorme, tal como advirtieron varios economistas.

En segundo lugar, se alarga la vida media de las inversiones que están en la cartera del FGS: pasará de poco más de 5 años a 10 años. En tercer lugar, esa extensión de plazos hará que las pérdidas, ante una reestructuración o refinanciación de deuda, sean mayores. En síntesis, lo que se cambia es un instrumento de deuda que probablemente sea refinanciado por otro que vencerá más adelante y que, probablemente, corra también la misma suerte.

Aunque la batalla conceptual esté perdida, vale aclarar que los aportes que los ciudadanos realizamos a la Anses en el esquema previsional público no se derivan a cuentas de ahorro individual (como ocurría durante la vigencia del régimen de capitalización), sino que van al cúmulo de la recaudación nacional, que se distribuye según la Ley de Presupuesto Público. Nuevamente, la política confunde la pertinencia de un análisis con la monetización de una candidatura.

La única vez que se usó fuertemente el FGS para el pago de jubilaciones fue para cumplir con la Ley de Reparación Histórica que, mediante acuerdos con los beneficiarios, dispuso mejoras en los haberes a cambio de evitar juicios contra el sistema. Fuera de eso, el déficit de la Anses es financiado por el Estado Nacional. Es decir, los fondos de los aportes no alcanzan siquiera a cubrir la totalidad de las prestaciones cuyo pago está a cargo del organismo, pero no se usa el fondo para cubrir ese desequilibrio.

Desde sus orígenes, la mayor parte de la cartera del FGS está integrada por bonos del Estado. La participación de esos instrumentos pasó del 57,3% en diciembre de 2017 al 73% en junio de 2022. Es decir, la operatoria de sacarle liquidez e inyectarle bonos viene desde hace rato y fue intensificada fuertemente durante esta administración, más aún con la medida decidida este año. En el mismo plazo, la financiación para proyectos productivos (una de las grandes banderas desde la creación del fondo) pasó de representar el 7,8% en el gobierno de Mauricio Macri al 4,1% en la actual gestión. En otras palabras, el Gobierno usa el FGS para financiarse y lejos está de promover el circulo virtuoso que menciona la normativa.

Tomando en cuenta su valorización, expresándolo en pesos de 2015, pasó de $650.000 millones a $578.661 millones en junio de 2022. No se dispone de datos actuales, ya que el Gobierno no los publica, pero, dada la caída en el precio de los bonos, es de esperar que la cifra se haya reducido. De hecho, su mayor valor en moneda constante se obtuvo en diciembre de 2017, con $724.129 millones.

Una de las banderas de la polémica medida del Gobierno es que habrá una inyección cercana a los $400.000 millones para el FGS. Hasta el año pasado, el efectivo que tenía el fondo era inferior al 1% (0,3% en junio de 2022, según el último dato publicado). Su mayor porción de liquidez fue en diciembre de 2019, con 1,2%. Sin embargo, considerando el total de tenencias al 17 de marzo, la liquidez se estima en $300.000 millones.

Sería interesante especificar qué destino concreto tendrá la inyección, sabiendo que un 70% de los jubilados orilla la línea de la pobreza por los ingresos percibidos, algo exacerbado por la alta inflación. Una opción a considerar sería distribuir el excedente de liquidez entre los jubilados y pensionados que ganan hasta dos veces el haber mínimo, que podrían recibir un bono equivalente a $51.200 cada uno.

Fuera de este análisis vinculado con el sistema jubilatorio, el único objetivo de la medida referida a los bonos fue utilizar los títulos en dólares para calmar la escalada de la cotización de la divisa estadounidense. En todas sus cotizaciones, salvo en la del tipo de cambio oficial, el dólar tuvo un salto abrupto, y las intervenciones que hubo a través de la venta de bonos no lograron calmar la tensión, exacerbada por los efectos de la fuerte sequía.

Más aún, fue necesaria una nueva suba de las tasas de interés, que llegaron al récord de 141% efectivo anual, superando incluso a los valores de inicios de 2002. Para reforzar el cepo se implementaron nuevas restricciones a los dólares financieros.

El efecto de esta conjunción de medidas no tardará en llegar. Es más que probable que siga subiendo la tasa de interés. Un banco privado de primera línea ya ofrece créditos a más del 330% anual (CFT c/IVA) para la cartera de consumo. La tasa de descuento de cheques ya torna inviable cualquier descuento a más de 90 días sin salir a pérdida.

Sumado a ello, el aumento de la morosidad y el descalce de plazos de los giros comerciales ya se empieza a sentir en el estimador mensual de la actividad económica (EMAE) del Indec, al punto de que entraremos próximamente en una (nueva) recesión técnica.