Los beneficiarios del juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF, Burford Capital y Eton Park, entre otros, quieren negociar con el Gobierno de Javier Milei una modalidad de pago alternativa al cobro en efectivo o la transferencia de las acciones de la petrolera en manos del Estado por la sentencia que obliga a Argentina a pagar más 16 mil millones de dólares.
Los beneficiarios saben que esas opciones son prácticamente “imposibles” e hicieron trascender que están dispuestos a aceptar bonos y estirar los plazos de pagos, según pudo saber este medio con fuentes con conocimiento directo que prefirieron no revelar su identidad.
La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó este lunes a la República Argentina entregar en 14 días el 51% de las acciones de YPF. Milei anticipó que el fallo será apelado en los próximos días.
El diálogo entre los fondos demandantes y el Gobierno se inició a principios del año pasado, meses después del inicio de la nueva gestión cuando Milei todavía hablaba de su intención de privatizar YPF. Burford contrató a un muy conocido ex banquero argentino, con fuerte incidencia en Nueva York, para que haga lobby a su favor desde Estados Unidos: Gerardo “Gerry” Mato, quien llegó a ser Chairman de Global Banking de HSBC.
Mato tiene más de 25 años de experiencia en los mercados financieros globales, con base en Estados Unidos, y antes de HSBC pasó por Merrill Lynch; también fue integrante del Atlantic Council, la US Chamber of Commerce y del Council de las Américas.
En 2023, Preska condenó a Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar 16 mil millones de dólares, cifra que ya sumó 1.000 de la moneda estadounidense de intereses. A grandes rasgos, la jueza determinó que el gobierno kirchnerista realizó mal el proceso por el cual se le pagó 5 mil millones del dinero extranjero a la española Repsol, operadora de la empresa hasta el momento, y se ignoró a los demás accionistas. Otro hecho muy relevante dentro de este intríngulis judicial sucedió ayer, cuando la magistrada le ordenó al país entregarle las acciones que tiene en la empresa a Burford.
El principal escenario de esta causa es la apelación de Argentina al fallo de primera instancia de Preska. Se supone que la Corte de Apelaciones de Nueva York podría definirlo en un año (aún faltan pasos, como presentar los argumentos orales, por ejemplo).
Otro pendiente: la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) que pidió que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación, algo que Preska no concedió.
Mientras tanto, en el tribunal de Preska hay otras acciones que impulsa Burford, con idea de “hacer ruido” y convencer al Gobierno de que se siente a negociar. Por ejemplo, pedidos de embargos y demostrar que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”, que el primero digita lo que hace la segunda.
En paralelo, también influyen algunos movimientos de la política de Estados Unidos. En los últimos días, hubo un tembladeral en la industria de Burford, conocida como litigation funding, o financiación de litigios. Es que un senador republicano de Carolina del Norte, Thomas Tillis, presentó un proyecto de ley para gravar con más de 40% a la actividad. Eso representaba casi el fin del negocio para las compañías del rubro. Era un proyecto paralelo a la “One, big, beautiful bill” de Donald Trump y parece que al presidente de Estados Unidos no le gustó nada. El proyecto habría sido descartado y Tillis, que nunca estuvo alineado con Trump, confirmó que no se presentará a la reelección.
