El Ministerio Público Fiscal, representado por Fabiana León y el fiscal auxiliar Nicolás Codromaz, sostiene que los empresarios formaron parte de esta maniobra delictiva al obtener beneficios a través de sus acciones. Durante la instrucción del caso, que llevó adelante el fallecido juez Claudio Bonadio, se reveló que los involucrados pagaron coimas para conseguir favores relacionados con sus empresas, tales como adjudicaciones en licitaciones, otorgamientos de obras públicas y subsidios, así como el pago de facturas de manera irregular.
La expresión “los dos ganaban” se encuentra en la imputación y es un concepto que la fiscalía busca probar en el marco del juicio. A lo largo del desarrollo del mismo, las declaraciones de ex y actuales funcionarios de la Administración de Recursos de la Seguridad Social se centraron en las fiscalizaciones solicitadas por Bonadio sobre un amplio número de empresas.
La fiscalía interrogo a dos testigos responsables de la fiscalización de varias compañías, quienes coincidieron en que estas presentaban “movimientos de fondos sin justificación” y “extracción de sumas importantes de dinero por ventanilla”, lo que hizo que se perdiera la trazabilidad de los fondos.
En una reciente declaración, Ariel Trapani, contador que formó parte del equipo de la ex AFIP que trabajó con Bonadio, explicó que varios de los empresarios implicados en el caso Cuadernos se acogieron al blanqueo de capitales en 2016, destacando que en ese proceso no se requería justificar el origen de los bienes.
Trapani indicó que, generalmente, las empresas o individuos que solicitaban ingresar al blanqueo presentaban documentación que incluía bienes registrables o tenencia de dinero. En este contexto, la fiscalía presentó el caso de Aldo Roggio, quien declaró poseer varios bienes, incluyendo un auto, un departamento, títulos, acciones y una cuenta bancaria en una entidad financiera internacional.
Fuentes judiciales comentaron que las aclaraciones de los testigos revelan un “sistema de beneficios recíprocos”, con muchos empresarios acogiéndose al blanqueo, lo que sugiere la existencia de estructuras financieras preexistentes cuyo detalle es poco claro.
Esta información contrasta con las declaraciones de algunos empresarios, quienes alegan ser víctimas de extorsiones por parte de antiguos funcionarios de Planificación Federal, obligándolos a pagar sobornos para continuar con sus trabajos. Sin embargo, la acumulación de activos en dólares durante ese período, que luego fueron blanqueados, pone en entredicho esta defensa.
Como sostiene la acusación, el sistema de sobornos que se juzga en el presente debate existía y se mantenía porque beneficiaba tanto a funcionarios como a empresarios. En la acusación se menciona que en estos acuerdos corruptos, ambas partes lograban beneficios patrimoniales: los empresarios obtenían favores del Estado mientras que los funcionarios, a través de estos pagos, acumulaban riqueza y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita en el tiempo.
Los gastos realizados por empresarios de diferentes sectores no fueron meras donaciones desconectadas de beneficios esperados, sino que formaban parte de un pacto corrupto entre privados y funcionarios para obtener ventajas patrimoniales mutuas.
