Esta medida, que tiene carácter excepcional, es remunerativa y no bonificable, y se pagará por única vez junto con los salarios del mes de agosto. Está destinada a decenas de miles de agentes que conforman distintas fuerzas del Estado nacional.
Los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los titulares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente, implementan la misma decisión a través de dos actos administrativos separados para cada ministerio encargado de las fuerzas involucradas.
El primer decreto incluye al personal militar activo de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. La justificación oficial de la medida se basa en la necesidad de ajustar los ingresos de este personal para mantener el poder adquisitivo de sus remuneraciones, dadas las responsabilidades y dedicación que requieren sus funciones.
Por su parte, el segundo decreto del Ministerio de Seguridad Nacional abarca un espectro más amplio de fuerzas. Según el documento oficial, el beneficio se extiende también al personal con estado militar de gendarme y a los alumnos en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), así como al personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal Argentina (PFA). Además, incluye a los efectivos en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al personal penitenciario en actividad y a los alumnos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), así como al personal activo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del mismo ministerio.
El decreto 696/2026 tiene fundamentos similares al anterior. El Gobierno ha indicado que la medida busca “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
En ambos casos, la suma fija de $50.000 presenta las mismas características: se trata de una percepción única, con naturaleza remunerativa y no bonificable. La condición de remunerativa implica que este monto será considerado para el cálculo de aportes y contribuciones previsionales, mientras que al ser no bonificable, no se tiene en cuenta para calcular otros suplementos que se liquidan como porcentaje del salario.
Ambos decretos otorgan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público la facultad de emitir normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación de la medida. El costo que implique dar cumplimiento a lo dispuesto será cubierto por los créditos asignados a cada jurisdicción en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
El bono de $50.000 dispuesto para agosto se suma a una serie de medidas salariales que se han venido implementando desde mediados de año para el personal uniformado, siguiendo el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, que introdujo un suplemento por título académico con porcentajes de entre el 10 % y el 25 % de acuerdo al nivel de formación —tecnicatura, grado universitario o posgrado—. Este beneficio es permanente y se ajusta junto con cada nueva recomposición salarial general.
A finales de julio, el Gobierno avanzó en la regulación de este suplemento mediante un nuevo decreto que amplió el número de beneficiarios, incorporando a todos los militares que presenten títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional. La norma establece que, en caso de poseer más de un título, solo se reconocerá el de mayor graduación, y que el beneficio comenzará a aplicarse desde el primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias ante la autoridad designada por cada fuerza.
