Cada vez que enfrenta la dificultad de justificar el estancamiento económico, el Presidente recurre a teorías conspirativas. Durante un reciente viaje a Estados Unidos, que no trajo estabilidad a los mercados, declaró haber sufrido siete intentos de golpe de Estado debido a múltiples pedidos de juicio político y afirmó que 30 mil terroristas fueron expulsados (10 mil en 2025 y 20 mil en lo que va de este año).
A pesar de los intentos del Ministerio de Seguridad y su portavoz, Adrián Ravier, por validar estas afirmaciones, lo único que podría aproximarse a esa cifra es el número de personas que llegan a la frontera y son rechazadas, ya sea por falta de documentación o porque las autoridades migratorias no creen que se trate de turistas. No se ha demostrado que estas personas sean terroristas.
Desde julio de 2018, la PGN cuenta con una Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que monitorea los casos en la justicia federal. En 2019, el entonces procurador Eduardo Casal firmó una resolución que obliga a los fiscales a informar a la SAIT sobre los casos conectados a los artículos del Código Penal relacionados con el terrorismo.
Específicamente, el artículo 41 quinquies incrementa las penas por acciones destinadas a aterrorizar a la población. Este artículo se incluyó en el Código Penal en 2011 como parte de las leyes antiterroristas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El artículo 213 bis se refiere a quienes participan en asociaciones que buscan imponer sus ideas por la fuerza, mientras que el 306 aborda la financiación del terrorismo.
Según un informe de la SAIT de 2022, existían cinco causas bajo el 213 bis, doce por el 306 y quince por el 41 quinquies, además de un trámite de extradición. Recientemente, se reveló que estas cifras se han triplicado, lo cual podría atribuírsele a la retórica antiterrorista del actual gobierno.
En 2026, las causas que más crecieron fueron las del artículo 213 bis, utilizado en diversas situaciones, como el procesamiento de manifestantes que escracharon a un político en su casa. Aparentemente, este uso ha desatado un clima de “sedición”, aunque la Cámara Federal de San Martín criticó esta interpretación. Otras causas, como la de un dirigente neonazi, también están bajo este artículo, aunque no es considerado “terrorista” por la acusación pública.
Actualmente, hay 41 causas abiertas bajo el artículo 213 bis, con un aumento significativo desde 2022. Las causas por financiación del terrorismo han pasado a ser 24 y las del 41 quinquies llegaron a 27. Sin embargo, la PGN no revela datos sobre extradiciones vinculadas al terrorismo en las estadísticas disponibles.
Recientemente, el juez federal Ariel Lijo elevó a juicio a cuatro manifestantes detenidos durante protestas por la reforma laboral. El fiscal Carlos Stornelli solicitó que sean juzgados por tenencia de materiales incendiarios y otros cargos, con penas que podrían llegar a 30 años si se aplica el 41 quinquies. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo, advirtiendo que no debería aplicarse a quienes ejerzan derechos humanos o sociales.
El gobierno ha denunciado actos terroristas en las calles, y el Ministerio de Seguridad también ha solicitado investigar a manifestantes que protestaron contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como posibles terroristas. Aunque la cantidad de causas genera alarma entre organismos de derechos humanos, esto no respalda la hipótesis de Milei sobre la existencia de una amenaza terrorista.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ha declarado que no se maneja una hipótesis de terrorismo político relacionado con la izquierda, el principal enemigo del gobierno actual. En consonancia con tácticas observadas en Estados Unidos, Milei ha comenzado a vincular a personas migrantes con el terrorismo, un argumento utilizado para justificar deportaciones masivas.
En octubre, el Presidente estableció un Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) justo cuando se anunciaban medidas económicas que le permitieron enfrentar las elecciones de medio término. La premura fue tal que el nombre del CNA fue cambiado por decreto poco después de su creación, debido a que originalmente se llamaba Centro Nacional Antiterrorista. Este centro fue instaurado en colaboración con el FBI de Estados Unidos. La SIDE prometió facilitar visitas al CNA, pero esta invitación aún no se ha concretado.
Este miércoles, comenzará en el Congreso la discusión de la conocida Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye un capítulo sobre el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado durante gestiones anteriores. Este registro pasará a depender de la Unidad de Información Financiera (UIF) en lugar de la Dirección de Reincidencia del Ministerio de Justicia, por razones operativas conectadas con el GAFI. Una vez aprobada la ley, cualquier entidad podrá ser incluida en el RePET ante sospechas “razonables” de la UIF, lo que, según la oposición, podría abrir la puerta a arbitrariedades.
