– La Base Naval y el papel de Estados Unidos
“Podemos discutir mis formas, podemos tener desacuerdos sobre la política fiscal o cambiaria, pero este asunto exige una pausa, que dejemos nuestras armas de lado y mostremos un frente unido”, declaró el presidente Javier Milei en cadena nacional anoche, al presentar un paquete de medidas destinadas a la soberanía de las Islas Malvinas. Esta intervención marcó un primer llamado a la unidad que podrá o no resultar efectivo en la búsqueda de mayorías, pero estableció un principio de revelación que impactará la agenda.
“Estamos muy optimistas, nadie habla de otra cosa”, afirmó un representante de La Libertad Avanza en diálogo con este medio. Las redes sociales reflejaron el mismo entusiasmo, incluso el “brazo armado” volvió a hacerse presente en línea; la militancia que responde al asesor Santiago Caputo, reconocido por haber sido el artífice del discurso coordinado con la Cancillería, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y la Presidencia.
El área de Inteligencia, dirigida por Cristian Auguadra, tuvo un rol destacado durante el anuncio. El subsecretario José Lago Rodríguez publicó una imagen de las islas, señalando: “La SIDE trabaja todos los días para anticipar, identificar, reconocer, monitorear y analizar acciones y dinámicas de actores estratégicos en el Atlántico Sur y de aquellos relacionados con la ocupación ilegítima del territorio nacional de las Islas Malvinas. Un sistema de Inteligencia moderno y profesional permite defender la soberanía”.
Este medio pudo confirmar que el informe elaborado por la Secretaría, que incluye detalles sobre las operaciones de extracción de petróleo de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, fue presentado a mitad de año. La expansión agresiva de Navitas en el archipiélago, que adquirió en enero el 65% del bloque exploratorio adyacente PL-001 a la compañía JHI Associates, encendió las alarmas, dado que se prevén recursos por 3.000 millones de barriles.
La oposición fue la primera en alertar sobre la situación. “Ojalá el Presidente escuche lo que venimos pidiendo desde marzo y anuncie sanciones contundentes ante la explotación ilegal del petróleo Sea Lion”, anticipó el diputado socialista Esteban Paulón antes del anuncio presidencial.
Milei finalmente respondió en su discurso, un ejemplo entre muchos legisladores que, a pesar de señalar contradicciones o realizar reclamos, no se manifestaron en contra de la iniciativa.
¿Qué implican las medidas y cuál es su alcance? Por un lado, se han publicado decretos en el Boletín Oficial: el DNU 867/2026 reasigna $521.558 millones para el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas armadas, además del Estado Mayor Conjunto.
Gran parte de esos fondos está destinado a “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, una práctica común en la adquisición de equipamiento militar. Parte del financiamiento proviene de la venta de propiedades del Estado, mientras que el resto se suma de diversas partidas del Tesoro.
Por otro lado, el decreto 868/2026 designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que restringe la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin habilitación argentina.
La nueva norma establece un procedimiento sumarial más ágil, con plazos ajustados -diez días hábiles- para que el posible infractor presente su defensa antes de que se imponga una sanción, que podría incluir la inhabilitación por varios años y la reversión de las concesiones al Estado. Asimismo, obliga a cualquier organismo público a informar a la Cancillería sobre cualquier hecho que pudiera considerarse una infracción en un plazo de cinco días.
El decreto además introduce un nuevo requisito para las empresas que buscan adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): presentar una declaración jurada de cumplimiento de la ley, con la intervención obligatoria de la Cancillería antes de aprobar la adhesión.
La misma exigencia aplica a quienes soliciten permisos bajo la Ley 17.319 de hidrocarburos. Esta vía busca bloquear el acceso a beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios del RIGI a cualquier entidad relacionada con el proyecto Sea Lion. “Es Vaca Muerta o Malvinas”, sostuvo el canciller Pablo Quirno.
Aún queda pendiente el visto bueno del Congreso para el proyecto de ley, representando un verdadero desafío político para el Gobierno en un año electoral, con un peronismo que intenta marcar la agenda en medio de la falta de consenso sobre el tema.
La norma evocada fue impulsada en 2011 bajo la gestión de Cristina Kirchner, apoyada por los diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Mario Cafiero, logrando aprobación unánime en ambas Cámaras del Congreso. Apoyarse en una norma con origen kirchnerista, que ya cuenta con un respaldo histórico de todo el espectro político, deja a la oposición poco margen para rechazarla sin quedar expuesta.
“No vamos a reconocerles derechos a aquellas empresas que reciban concesiones para explorar o explotar hidrocarburos; deben reconocer el derecho de la República Argentina sobre esos territorios. De lo contrario, estarían celebrando contratos susceptibles de impugnación, además de las sanciones que propusimos aplicar en caso de explotación. Esperamos que la Cámara de Diputados apruebe rápidamente esa ley que fue promulgada por unanimidad en el Senado”, dijo el expresidente Eduardo Menem en 1998, cuando un sector del menemismo impulsó iniciativas similares.
Las diferentes posturas dentro del espectro político también marcarán el debate: en el Gobierno creen que la unificación frente a un enemigo común favorece al oficialismo. Se busca un principio de revelación: obligar a cada bloque a mostrar sus cartas sobre un tema que ha generado consensos amplios históricamente, y dejar en posición incómoda a quien cuestione la iniciativa por motivos ajenos al contenido del proyecto.
Aún no se ha definido cuál Cámara recibirá el proyecto, aunque desde la Casa Rosada se anunció que será enviado al Congreso la próxima semana.
Hasta el momento, ningún referente de la oposición se ha manifestado en contra de la propuesta en sí. Las críticas se han centrado, en cambio, en el tiempo del anuncio -“es puro oportunismo”, expresan desde la oposición- y en las contradicciones del propio Gobierno. “Lo analizaremos en su momento. Pero el Gobierno no necesita DNU o nuevas leyes para defender nuestra soberanía”, señalaba un legislador peronista.
El jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, consideró que “si el discurso reciente refleja un cambio de rumbo, debe ir más allá de la retórica y actuar en un sentido diferente”. Además, solicitó la convocatoria de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores para discutir el proyecto en los ámbitos institucionales.
En la misma línea, el exministro de Defensa Agustín Rossi ironizó sobre el cambio de postura del presidente y recordó que la ley que Milei promete aplicar fue sancionada en 2011, y que la construcción de la base naval en Ushuaia había sido iniciada en 2022. El diputado nacional Santiago Cafiero, ex canciller, expresó que el Presidente “retomó el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023”.
Aunque de manera off the record, algunos admiten que esperarán a tener el texto antes de tomar una posición clara. Uno de los aspectos que podría generar más fricción es el de las facultades especiales que recibiría el Consejo de Seguridad Nacional –que incluye a la Cancillería, los Ministerios de Defensa y Economía, y la SIDE– para actuar ágilmente ante infracciones en las islas. Este punto podría generar amplio debate en la comisión, más que la modificación a la ley de hidrocarburos.
“Malvinas no puede ser moneda de cambio entre Donald Trump y el Reino Unido”, declaró el diputado y excombatiente de Malvinas, Aldo Leiva, al respaldar, aunque no sin críticas, el anuncio de Milei. Esta interpretación se basa no solo en que el Gobierno aprovechó el contexto de los comentarios del presidente estadounidense sobre una revisión de la postura de neutralidad, sino en otros avances estratégicos con Estados Unidos.
La atención se centra ahora en qué hará el ministerio de Defensa con la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que el Gobierno anterior había iniciado en 2022 con el fin de aumentar la capacidad logística argentina en el Atlántico Sur y fortalecer la conexión con la Antártida. La piedra fundacional se colocó en marzo de ese año, durante la gestión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana –hoy diputado nacional–, en un terreno ubicado en la Península de Ushuaia, con la intención de trasladar allí parte de las funciones de la Base Naval Ushuaia “Almirante Berisso”.
El proyecto original preveía la construcción de un muelle militar, oficinas administrativas, talleres, viviendas para el personal e instalaciones para asistir a embarcaciones. La elección del lugar es significativa: Ushuaia es el puerto argentino más cercano a la Antártida, y se pretendía convertir a la ciudad en un nodo logístico para las campañas en la región, además de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. Según la planificación de entonces, se planteaba que el puerto pudiera ofrecer servicios logísticos, científicos y de patrullaje a barcos propios y de naciones que operasen allí.
Sin embargo, la iniciativa adquirió nueva dimensión dos años después, cuando Milei viajó sorpresivamente a Ushuaia para reunirse con Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos. La reunión se llevó a cabo el 4 de abril de 2024, dos días después del acto por el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, en las instalaciones de la Base Naval Ushuaia. La delegación estadounidense arribó al país para llevar a cabo reuniones con funcionarios de Defensa y seguridad, así como visitar instalaciones estratégicas.
La novedad fue que Milei presentó su visita como más que una simple gira protocolar. Al llegar, explicó que estaba en Tierra del Fuego para “monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada” y, al mismo tiempo, fortalecer la relación estratégica con Estados Unidos. La Casa Rosada definió el proyecto como un futuro centro logístico con proyección hacia la Antártida, capaz de transformarse en el puerto más cercano al continente blanco y brindar apoyo a programas científicos internacionales.
La situación desató un debate que ahora regresa con el anuncio presidencial sobre Malvinas: ¿de qué base hablaba el Gobierno y cuál sería el papel de Estados Unidos en ella? La infraestructura era anterior a Milei y había sido concebida como una iniciativa argentina. De hecho, las primeras obras habían comenzado bajo el gobierno de Fernández, y el Ministerio de Defensa había encargado a Tandanor la realización de estudios preliminares, movimientos de suelo y construcción de los primeros galpones modulares.
La divergencia política se hizo evidente cuando el Presidente empezó a referirse a una “Base Naval Integrada” en un marco de cooperación con Estados Unidos. La visita de Richardson no podía considerarse aislada del contexto geopolítico de Washington en el Atlántico Sur: la administración estadounidense había expresado preocupación por la creciente presencia de China en la región, especialmente en lo relacionado con proyectos estratégicos y actividades en el extremo sur argentino.
La jefa del Comando Sur llegó a Argentina para reforzar la cooperación militar y visitó instalaciones de la Armada vinculadas con el control de las rutas marítimas del Atlántico Sur.
La oposición aprovechó esa coyuntura para cuestionar al Gobierno. En el Congreso se presentaron pedidos de informes para determinar si, durante la visita de Richardson, se habían firmado acuerdos bilaterales de defensa, cuál sería el uso de la próxima infraestructura, cómo se financiaría y si estaba prevista la presencia permanente de fuerzas extranjeras en territorio argentino.
También se solicitó aclarar si la participación estadounidense podría afectar la política argentina de soberanía sobre Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Por el contrario, desde el oficialismo se argumentó que la alianza con Estados Unidos debería verse como un medio para reforzar la soberanía argentina, no como un acto de concesión.
En aquella ocasión, Milei afirmó que la relación estratégica con Washington permitiría potenciar la presencia argentina en el extremo sur y que la infraestructura de Ushuaia tendría un papel clave para el desarrollo antártico. La ceremonia concluyó con la Marcha de Malvinas, un gesto que buscó vincular la cooperación militar con Estados Unidos con la reivindicación de la soberanía argentina.
