Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, expuso: “Lo que estamos buscando es la manera de tipificar lo que sería la utilización de la infraestructura dentro de lo que es la propia Malvinas como infraestructura propia del gobierno fueguino para poder desalentar esto a partir de lo que serían sanciones económicas”.
La iniciativa agenda sanciones específicas para el uso de infraestructura relacionada con el corredor marítimo entre Punta Arenas y Malvinas. Además, se evalúa la aplicación del Decreto 256, que regula el contacto entre la Argentina continental y las islas.
“Desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes primero tenés aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego y después Mar Argentino. Siempre estás en Mar Argentino. Luego, cuando llegás a Malvinas y entrás dentro de las 12 millas, otra vez Mar Territorial de la provincia de Tierra del Fuego”, indicó Dachary.
La noticia sobre el corredor marítimo se dio a conocer el mismo día en que Javier Milei realizó una visita a Chile, momento en que se emitió una declaración respaldando el reclamo argentino sobre las islas.
Dachary subrayó la diferencia entre la posición de la Cancillería chilena y la postura de algunos funcionarios locales, apuntando que “ciertos gobernantes locales chilenos han tenido una postura pro británica”, incluyendo gestos simbólicos como recibir a selecciones de las islas en eventos deportivos.
Con respecto al impacto económico del corredor en Malvinas, el funcionario mencionó: “Esto que brinda un sostén logístico también es favorecer lo que es la explotación y achicar costos”. Para él, la existencia de ese corredor tiene una implicancia política significativa: “Tenemos que hacer cada vez más costosa la presencia británica en Malvinas para forzar lo que es esa reapertura de negociaciones”.
Respecto de la explotación petrolera, Dachary explicó que este factor podría transformar drásticamente la economía de Malvinas, que actualmente obtiene el 58% de sus ingresos de licencias de pesca, principalmente explotadas por buques de España, Corea del Sur y Taiwán. La posibilidad de extraer hidrocarburos cambiaría esta realidad, generando un flujo de ingresos que podría hacer a las islas autosuficientes.
Planteando la cuestión desde la perspectiva británica, el funcionario se preguntó: “¿Qué hacemos a 12.000, 13.000 km de distancia gastando miles y miles de millones de libras en mantener estas islas?”, sugiriendo que esta situación cambia si las islas logran generar sus propios recursos. “Con este ingreso extra de lo que sería el saqueo de hidrocarburos, Malvinas pasa a ser completamente superavitaria”, advirtió.
Según Dachary, esta autonomía económica podría complicar las gestiones de Argentina para reanudar las negociaciones de soberanía. Por ello, consideró que el desarrollo de los hidrocarburos puede “condicionar cada vez más la reapertura de negociaciones” a las que Argentina aspira, en conformidad con la Resolución 2065 de Naciones Unidas.
Asimismo, criticó el cambio de postura del Gobierno nacional en relación a Malvinas, recordando un acuerdo celebrado hace dos años entre la anterior canciller y el británico David Lammy. “En ese momento se avanzaba en restablecer los vuelos que eran con Malvinas, avanzar en lo que es cooperación pesquera, algo completamente diferente a lo que está pasando hoy”, apuntó.
Dachary enfatizó que Tierra del Fuego ha alertado a la Cancillería sobre la explotación petrolera en Malvinas y que incluso ha presentado denuncias contra empresas involucradas. En este contexto, cuestionó el giro de la postura gubernamental, sugiriendo la posibilidad de un “oportunismo político”. Sin embargo, también dejó abierta la opción de un cambio honesto: “Si este cambio es un cambio honesto, bienvenido sea. Argentina tiene muchísimo terreno por recuperar”, concluyó.
