El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) tiene como objetivo cubrir indemnizaciones en caso de despidos, a través de aportes mensuales de las empresas, calculados sobre los salarios brutos de los trabajadores registrados. Dichos fondos serán administrados por entidades privadas y se financiarán mediante una reducción de las contribuciones que las compañías realizan al Estado: el 1% para grandes empresas y 2,5% para las pymes.
La implementación del FAL implica una disminución en la recaudación fiscal, ya que una parte de los recursos que anteriormente ingresaban al fisco sería desviada a manos privadas. El Gobierno confiaba en que una eventual recuperación económica compensara esta pérdida a través de un aumento en la recaudación impositiva, pero la caída en los ingresos públicos ha generado inquietudes sobre cómo afectará el esquema al superávit fiscal.
Ante esta situación, y con el objetivo de salvaguardar el equilibrio fiscal, el 1° de junio el Gobierno decidió postergar la vigencia del FAL por cinco meses, fijando ahora su entrada en vigor para el 1° de noviembre de 2026. Este fondo había sido una de las propuestas centrales de la reforma laboral, la cual había conseguido aprobaciones tras arduas negociaciones en el Congreso.
Las estimaciones realizadas por el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indican que poner en marcha el FAL en el lapso de noviembre a diciembre de 2026 podría implicar una pérdida recaudatoria equivalente al 0,062% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que se traduce en un costo de aproximadamente $680.000 millones en tan solo dos meses.
Hasta el momento, los datos de recaudación no evidencian un repunte notable, y en el oficialismo ya se expresa preocupación por la posibilidad de que esta situación no mejore antes del 1° de noviembre. Si la tendencia actual persiste, el Gobierno podría enfrentar dos alternativas: extender el plazo de vigencia del FAL un mes más, hasta el 1° de diciembre, opción contemplada en la legislación, o esperar un incremento en los ingresos fiscales.
Si las condiciones no cambian, la administración podría verse obligada a enviar una nueva ley al Congreso para extender los plazos de vigencia del fondo de indemnizaciones, de modo que no impacte negativamente en la recaudación ni en el superávit. Se ha conocido que esta opción está sobre la mesa en los espacios oficiales, aunque al consultar a fuentes del Ministerio de Hacienda, no se obtuvo respuesta antes del cierre de este informe.
Una consultora especializada observó que durante los últimos cuatro meses la recaudación fiscal registró dos períodos de crecimiento, un mes de caída y otro sin cambios, lo que evidencia una dinámica limitada en los ingresos fiscales. Este análisis señaló que algunos impuestos lograron sostener la recaudación en agosto, pero tales aportes no fueron suficientes para compensar las caídas en ingresos vinculados al consumo, las actividades bancarias y el empleo formal, resultando en un leve saldo negativo, a pesar de que ciertos componentes experimentaron incrementos significativos.
El impuesto a las Ganancias creció un 8% en términos interanuales reales y representó el 28% del aumento total en la recaudación, según la consultora. Esta mejora se asocia con pagos atrasados y un incremento en los anticipos de sociedades, debido a un impuesto establecido más elevado en 2025. Por su parte, los derechos de exportación también tuvieron un incremento considerable, avanzando un 91% en términos interanuales reales, aunque este resultado se vincula a una base de comparación reducida, ya que durante 2025 se anticiparon liquidaciones para beneficiarse de alícuotas más bajas. También se registró un aumento del 12% en el Impuesto a los Combustibles, derivado de precios más altos y un aumento en el gravamen.
Sin embargo, estos ingresos no lograron contrarrestar el comportamiento de los impuestos asociados a la actividad interna. El IVA DGI cayó un 3% en comparación interanual, un resultado que se alinea con el promedio de los siete meses previos, mientras que el impuesto sobre créditos y débitos disminuyó un 9% en términos reales respecto al año anterior, confirmando la baja registrada en julio, que había sido del 11% interanual. Según la firma de análisis, ambos tributos reflejan una debilidad persistente en el consumo y en las transacciones económicas. Aunque Ganancias, retenciones y Combustibles aportaron ingresos, no alteraron la tendencia de los impuestos que dependen de un mayor dinamismo económico.
La consultora anticipa que no se espera un cambio significativo en la recaudación en los próximos meses. Existe la posibilidad de que los derechos de exportación generen más ingresos debido a la baja base de comparación, pero es poco probable que logren compensar la disminución o el escaso aumento de los impuestos vinculados a la actividad económica.
Además, las reducciones impositivas implementadas por el Gobierno también influirán en estos resultados. Se mencionan los impuestos internos coparticipados incluidos en la reforma laboral, la disminución de las retenciones al trigo y la cebada, así como la regulación del régimen de incentivos para la figura laboral. Con estos factores, se proyecta una caída cercana al 5% real en los recursos para el año 2026.
El economista Lucio Garay Méndez, de otra consultora, destacó que la recaudación se ha convertido en uno de los retos más importantes de la economía. Al abordar la postura del Gobierno en cuanto a la reducción de alícuotas cada mes o la postergación de aumentos impositivos, puso de relieve que estas decisiones impactan negativamente en los ingresos fiscales.
Garay Méndez considera que aunque algunos tributos como Ganancias y Combustibles puedan generar ingresos adicionales, estos aumentos se ven contrarrestados por la disminución en los derechos de exportación y la debilidad del IVA, relacionada con el escaso crecimiento de la actividad económica. “Esta limitación en el resultado fiscal termina debilitando el programa financiero del Gobierno y reduce la libertad de acción”, concluyó. Su análisis situó la evolución de los recursos públicos como un elemento clave para las decisiones gubernamentales en los meses venideros, incluido el ajuste de los cambios previstos en la reforma laboral.
De cara al 1° de noviembre de 2026, el Gobierno enfrenta un reto crítico: lograr que la recaudación se recupere a un nivel que facilite la implementación del FAL. Sin embargo, el futuro dependerá del comportamiento de la actividad económica, un aspecto que hasta el momento no muestra tendencias optimistas según las proyecciones de distintos expertos.
