El sistema de licencias pesqueras bajo la administración británica en Malvinas no es un proyecto a futuro, sino que ha estado en funcionamiento por décadas. Entre 2023 y 2024, estas licencias generaron cerca de 33,8 millones de libras esterlinas (aproximadamente USD 45 millones) en ingresos para la administración británica de las islas, con una proyección que supera los 36,1 millones (USD 48 millones) para el próximo período. La pesca representa aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno del archipiélago, constituyendo su principal fuente de ingresos propios. De hecho, la propia administración isleña ha reconocido que la implementación del régimen pesquero resultó en un aumento del 500% en sus ingresos, llevándola a alcanzar la autosuficiencia financiera en casi todas sus áreas.
En 2024, las capturas en aguas bajo control británico llegaron a las 261.903 toneladas, uno de los mayores registros de los últimos años. De este total, 146.689 toneladas correspondieron al calamar Illex argentinus. Durante la temporada alta, operan habitualmente entre 100 y 120 buques con licencia activa, cifra que puede superar los 130 durante los picos de captura del calamar.
Fulasp considera que la decisión del Gobierno de ampliar las medidas de protección más allá del sector petrolero da inicio a un debate que el sector pesquero había estado solicitando desde hace tiempo. “Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería aplicarse a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”, indicó la organización.
Raúl Cereseto, presidente de Fulasp, resumió la postura: “El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Ambos son recursos naturales y forman parte de la misma discusión de soberanía. La diferencia es que hoy estamos tratando de prevenir una futura explotación petrolera mientras nuestros recursos pesqueros son explotados desde hace décadas”.
La Fundación además destacó que, a diferencia del debate sobre los hidrocarburos, que se refiere a una explotación aún no iniciada, la actividad pesquera bajo licencias británicas es una realidad que opera a escala industrial. “La explotación pesquera a partir de permisos espúreos no constituye una amenaza eventual, sino que es una actividad económica ilícita de gran magnitud que ya existe y se ha desarrollado durante décadas”, alertó la entidad.
Sumado a esto, hay una dimensión biológica que, según Fulasp, hace el problema especialmente urgente: las especies que se explotan en esas aguas son migratorias. Documentos pesqueros analizados por la Fundación reconocen que las poblaciones se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas bajo administración británica. Entre las especies afectadas figuran la merluza común (Merluccius hubbsi), el calamar Illex (Illex argentinus), la polaca (Micromesistius australis), la merluza de cola (Macruronus magellanicus) y el bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides). La sobreexplotación en una jurisdicción podría tener, por ende, consecuencias potenciales para todo el ecosistema regional.
Además, la organización advirtió que algunas embarcaciones que operan bajo licencias británicas realizan actividades en el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina, lo que agrava la presión sobre los mismos recursos. “Los peces no entienden de líneas dibujadas en un mapa. Estamos hablando de poblaciones que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y migran en un mismo ecosistema. Por eso, proteger los recursos pesqueros también implica defender el Atlántico Sur”, afirmó Cereseto.
En este contexto, Fulasp valoró la política de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal que ha implementado el Gobierno en la Zona Económica Exclusiva argentina, así como el reforzamiento de los mecanismos de detección y fiscalización. Durante 2026, las autoridades ya han sancionado a cinco buques extranjeros por infracciones relacionadas con actividades pesqueras en aguas argentinas: el pesquero español Farruco, así como los barcos Bao Feng, Bao Win, Coimbra y Hai Xiang 2.
Para la entidad, esta experiencia debería servir de precedente para elevar el nivel político, diplomático y jurídico en la defensa de los recursos pesqueros relacionados con Malvinas. “No pedimos cambiar la dirección de la política argentina; pedimos ampliarla. Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debería aplicarse a todos los recursos”, concluyó Cereseto.
