Independientemente del fallo del TIDM, que podría ser favorable o desfavorable para Argentina, esta situación se presenta en un año electoral. Las audiencias iniciarán en noviembre y se espera un anuncio sobre la posible imposición de medidas provisionales en un corto plazo.
Si el Gobierno logra impedir que la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration comiencen sus operaciones comerciales a unos 220 kilómetros de la capital de las Malvinas para el periodo 2027/2028, “Milei será Gardel”, indicó un especialista en derecho internacional bajo condición de anonimato, quien, a pesar de su optimismo, admitió que no puede predecir el desenlace.
Esto representaría un gran golpe para el desarrollo de la industria petrolera en Malvinas, donde se ha sostenido desde los años 70 la existencia de petróleo, aunque las exploraciones comenzaron en la década de 1990 con muchos altibajos.
Desde hace tiempo, diversos especialistas, vinculados a los gobiernos argentinos, sugieren acudir a tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia o la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de respaldar la reclamación de soberanía ante Gran Bretaña.
Actualmente, solo permanece con vigor el llamado al diálogo pacífico lanzado año tras año por el Comité de Descolonización, que Londres habitualmente ignora. Si bien la opción de acudir al TIDM no es nueva, esta administración, en su giro radical frente al Reino Unido y a la cuestión de las Malvinas—sintonizando en parte con declaraciones de Donald Trump—decidió avanzar, generando posiciones encontradas sobre el tema.
“Al igual que cuando se recurrió a este Tribunal del Mar para liberar a la Fragata Libertad de Ghana—donde estaba retenida debido a reclamos de los llamados ‘fondos buitre’—es la única opción que queda hoy para evitar la explotación. La alternativa es esperar a que se extraiga el petróleo, lo que cambiaría permanentemente el escenario (en Malvinas)”, comentó otro experto. Otro jurista añadió: “Si no actuamos, se iniciará la explotación. Si intervenimos, podemos detenerla. En el peor de los casos, no perdemos nada.”
Sin embargo, es importante señalar que existen dudas respecto a que el Tribunal del Mar sea el foro apropiado para reclamar el reconocimiento de la soberanía argentina, una cuestión que, al menos en parte, es bilateral. Este planteo ante el tribunal busca, entre otras cosas, frenar el proyecto Sea Lion y así evitar que comiencen o continúen las actividades de exploración de hidrocarburos; proteger la información obtenida y prevenir su uso en detrimento de los derechos argentinos; resguardar el medio ambiente marino, y evitar que el Reino Unido obstaculice las obligaciones argentinas en materia ambiental.
El TIDM, con sede en Hamburgo, Alemania, está compuesto por 21 jueces, entre ellos la argentina Frida Armas, quien ocupa el cargo de vicepresidenta. En este ciclo, el Reino Unido no cuenta con jueces de su nacionalidad en el tribunal, aunque podría solicitar uno ad hoc. En caso de empate en las decisiones, el fallo lo dictará el presidente del Tribunal, Maurice K. Kamga, originario de Camerún.
Por otro lado, quienes especulan sobre la dificultad de que Argentina logre un resultado positivo y un reconocimiento cautelar del TIDM frente a Londres tienen sus argumentos.
En una reciente publicación se abordaron problemas legales que podrían afectar la causa argentina. En primer lugar, el tribunal deberá determinar si tiene competencia para evaluar las demandas argentinas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Si se declara incompetente, la postura argentina quedaría debilitada, y las declaraciones del Presidente, su canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo perderían peso.
En segundo lugar, la cuestión de la soberanía representa otro obstáculo. El conflicto territorial con Gran Bretaña complica la situación, y se recuerda que en otros casos similares, como el de la isla Mauricio que tuvo éxito en la Corte Internacional de Justicia, el TIDM no llegó al mismo resultado en el caso de Chagos. La jurisprudencia internacional indica que una disputa de soberanía no excluye necesariamente cualquier intervención bajo la CONVEMAR, pero puede obstaculizar la resolución de reclamaciones que requieran definir primero a quién pertenece el territorio.
Además, la Argentina deberá demostrar la urgencia y el daño irreparable que podrían resultar de las actividades petroleras proyectadas y que esperar a que el tribunal arbitral se constituya podría provocar perjuicios que no sean reparables. Este análisis no se limita al momento en que se empiece a extraer petróleo, sino que considera también si las obras y perforaciones iniciales podrían afectar derechos antes de que el tribunal realice su intervención.
Mientras los defensores de la ofensiva ante el Tribunal son optimistas, señalando que un gobierno “temerario” como el de Milei es capaz de asumir riesgos, Guillermo Carmona, exsecretario del Área Malvinas, criticó que la decisión del Poder Ejecutivo de iniciar un proceso de arbitraje por actividades hidrocarburíferas ilegales en Malvinas requiere un enfoque cauteloso que no ha caracterizado la política exterior del presidente y de sus respectivos cancilleres.
Carmona, quien lamentó que la falta de acciones legales y diplomáticas por parte de la administración Milei durante casi tres años condujeran a esta decisión, subrayó que esta senda representa un riesgo que podría haberse evitado con una actuación oportuna. Argumentó que si el fallo resulta en una declaración de incompetencia, ello podría tener implicaciones negativas, ya que consideraría el conflicto como una cuestión entre Estados ribereños—Malvinas frente a Gran Bretaña—y podría dañar aún más la postura argentina.
“Paradójicamente, Argentina recurre a instancias internacionales tras decisiones de la administración Milei, después de no haber ejercido el poder sancionatorio previsto en las leyes correspondientes, para acudir a una convención de Naciones Unidas y a una instancia arbitral donde la ONU actúa como soporte técnico. Esto ocurre en un contexto crítico, marcado por acciones y omisiones del presidente que, de manera abierta, han mostrado un beneficio para los intereses británicos y en un momento en que Argentina se aleja de la mayoría de los Estados y bloques que componen la comunidad internacional”, concluyó.
