Quiebra de Algodonera Avellaneda pone en jaque el empleo

La quiebra de Algodonera Avellaneda ha puesto en peligro alrededor de 350 puestos de empleo y ha evidenciado la carga de deudas que la empresa tiene asociada con Vicentin. Esta decisión fue tomada por el juez Fabián Lorenzini tras el fracaso en las negociaciones con los acreedores y un intento de salvataje que no logró atraer interesados. El Banco Nación reclama más de 260 millones de dólares, lo cual representa más del 80 por ciento de la carga total de deudas reconocida.

Para los trabajadores, que ya enfrentaban dificultades para recibir sus salarios, la continuidad de sus empleos dependerá de las resoluciones que surjan del proceso legal. La quiebra no implica el cierre inmediato de la empresa, ya que Lorenzini ha solicitado a la sindicatura evaluar la posibilidad de mantener temporalmente las operaciones mientras se organiza la venta de la compañía o de sus instalaciones productivas.

La principal planta de Algodonera Avellaneda es la hilandería ubicada en Reconquista, Santa Fe, que actualmente opera a aproximadamente el 60 por ciento de su capacidad. Este establecimiento trabaja bajo un modelo de fasón, procesando materiales para terceros y generando ingresos que ayudan a cubrir parcialmente salarios y otros gastos operativos. La empresa también cuenta con desmotadoras en General Pinedo, Chaco, y en Santiago del Estero.

El deterioro financiero va más allá de las obligaciones que llevaron a la solicitud de concurso preventivo en 2024. Entre 2025 y 2026 se acumularon otros 6818,7 millones de pesos en deudas, según un informe de la sindicatura, que incluye compromisos laborales, impuestos y facturas de electricidad, entre otros costos necesarios para mantener la actividad.

Una parte significativa de la deuda del Banco Nación se origina a partir de garantías que Algodonera Avellaneda otorgó a Vicentin, empresa también ligada a miembros de la misma familia. El banco ha considerado las propuestas de pago presentadas como insuficientes.

Asimismo, no prosperó la opción de que un tercero tomara el control de la empresa y negociara una nueva propuesta con los acreedores. El periodo de registro para el salvataje permaneció abierto hasta el 5 de octubre, sin que se registraran empresas, acreedores o cooperativas interesadas.

Volver arriba