La declaración se produjo tras varias semanas de señalamientos sobre los antecedentes de la empresa y su vínculo con el yacimiento, situado al norte del archipiélago. También se conoció una denuncia penal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo. La presentación cuestiona que ambos hubieran permitido operar a Harbour en el país pese a una sanción administrativa dictada en 2013.
La medida había sido impuesta a Premier Oil, compañía de la que procede Harbour y con la que, de acuerdo con registros societarios británicos, comparte el mismo número de inscripción.
El antecedente se remonta a antes de la controversia reciente en torno de Sea Lion, que cobró fuerza después del partido entre las selecciones de la Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo.
En 2013, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 481/2013, que inhabilitó a Premier Oil PLC por 15 años para desarrollar actividades en la Argentina. La sanción se basó en que la firma había realizado tareas hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en zonas próximas a las Malvinas, sin autorización del Gobierno nacional. La prohibición vence el 9 de octubre de 2028.
La resolución no restringe una actividad específica: impide a la empresa llevar adelante cualquier negocio en el país, ya sea directamente o por medio de sociedades controladas, o de aquellas de las que obtenga beneficios económicos. Ese alcance alimenta la discusión actual, dado que Harbour Energy, considerada por los registros corporativos y la PIA como continuadora jurídica de Premier Oil, conserva participaciones en Tierra del Fuego y Neuquén.
El registro público de sociedades del Reino Unido muestra que Harbour Energy PLC mantiene el número de inscripción que tenía Premier Oil PLC antes de marzo de 2021: SC234781. No son dos compañías independientes con una historia compartida, sino una misma persona jurídica que cambió de nombre tras una operación empresarial con Chrysaor Holdings Limited. Chrysaor y Premier se fusionaron y la firma resultante pasó a llamarse Harbour Energy.
Fuentes de la compañía sostuvieron que conservar ese número de registro obedeció a razones formales y no supone una continuidad operativa efectiva. Mencionaron tres motivos para mantener la estructura jurídica de Premier Oil. El primero fue su cotización en la Bolsa de Londres, que Harbour aprovechó para evitar un nuevo proceso de listado, considerado “complicado, caro y lento”. El segundo, los beneficios impositivos derivados de la situación de quebranto de Premier. El tercero, el interés en ciertos activos de la compañía en el Mar del Norte, que solo podían adquirirse comprando la firma completa, con Sea Lion incluido.
Según esa versión, una vez cerrada la adquisición, Harbour recibió una notificación del Gobierno argentino sobre la sanción vigente contra la compañía que acababa de comprar. La empresa habría informado entonces a sus accionistas que se desprendería del activo. La decisión se aprobó y se concretó meses más tarde, cuando transfirió su participación en Sea Lion a Navitas Petroleum por un dólar. Las fuentes de Harbour sostienen que el monto simbólico demostraría que buscaba abandonar el proyecto sin obtener ganancias.
La compañía también destacó que, después de la fusión, sustituyó de inmediato al director ejecutivo de la nueva firma, renovó el directorio y el equipo gerencial, y modificó la composición accionaria. A su entender, esos cambios evidencian que el único vínculo efectivo con Premier Oil es “formal” y se limita al número de registro en la Bolsa de Londres, sin relación con las actividades que había realizado esa empresa.
“Harbour eligió la Argentina. Nuestro negocio en el país se apoya en casi cinco décadas de operación e inversión de Wintershall Dea, y estamos comprometidos a dar continuidad a ese legado mediante una inversión y un crecimiento responsable, en pleno cumplimiento del marco legal y regulatorio argentino. Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”, afirmó Martín Rueda, director general de Wintershall Dea Argentina SA, una empresa del Grupo Harbour.
“Nuestro foco está puesto en la Argentina: desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía”, agregó.
La historia societaria de Harbour se inició en octubre de 2020, cuando Premier Oil PLC y Chrysaor Holdings Limited anunciaron un acuerdo de fusión. La operación concluyó el 31 de marzo de 2021: Premier adquirió legalmente a Chrysaor mediante la emisión de acciones y, en el mismo acto, adoptó el nombre de Harbour Energy PLC.
Desde el punto de vista contable, la operación se registró como una adquisición inversa. Aunque Premier fue la compradora legal, los accionistas de Chrysaor terminaron controlando el directorio y la conducción ejecutiva de la compañía resultante. Harbour afirma que la transacción produjo “cambios sustanciales en el control económico, la estructura accionaria, el directorio, la conducción ejecutiva, los activos y la estrategia de la compañía”.
Esa explicación no niega la continuidad jurídica entre las firmas. Por el contrario, la empresa reconoce que heredó “intereses preexistentes” de Premier Oil a través de la fusión, entre ellos su participación en las licencias de exploración de Sea Lion.
Rockhopper Exploration y Premier Oil descubrieron el yacimiento Sea Lion en 2010. En ese momento, ambas compañías compartían los derechos de exploración en la Cuenca Malvinas Norte.
En 2020, antes de la fusión con Chrysaor, Premier, Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum acordaron que esta última ingresara al proyecto con una participación del 30 por ciento.
Ese año, el Gobierno argentino envió advertencias a Navitas y Chrysaor y les recordó las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Cuando Premier y Chrysaor completaron su fusión, en marzo de 2021, la empresa resultante, ya llamada Harbour Energy, heredó la posición de Premier en Sea Lion.
El 7 de julio de 2021, la Cancillería y la Secretaría de Energía anunciaron el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contra Chrysaor Holdings Limited, Harbour Energy PLC y Navitas Petroleum LP. En septiembre de ese año, Harbour comunicó a sus accionistas que Sea Lion no se ajustaba a su estrategia corporativa y que procuraría vender su participación.
En un documento de contexto difundido en las últimas horas, la compañía reconoció públicamente por primera vez que su decisión estuvo relacionada con la posición del Gobierno argentino. “Ese vínculo breve y heredado concluyó por completo cuando, tras ser notificada de la posición del Gobierno argentino, Harbour cumplió con los requerimientos establecidos por las autoridades, inició de inmediato su salida del proyecto y completó la transferencia de la totalidad de su participación en 2022”, sostuvo.
La salida se formalizó en abril de 2022, cuando Harbour, Rockhopper y Navitas firmaron los documentos definitivos. Mediante el acuerdo, Navitas adquirió todas las acciones de Premier Oil Exploration and Production Limited, la subsidiaria a través de la cual Harbour mantenía derechos sobre las licencias de la Cuenca Malvinas Norte. La operación se completó el 23 de septiembre de 2022. Navitas quedó como titular del 65 por ciento del proyecto y operadora, mientras Rockhopper retuvo el 35 por ciento.
Un mes antes de la transferencia definitiva, en abril de 2022, la Secretaría de Energía había sancionado a Navitas Petroleum LP. Declaró ilegales sus actividades, la calificó como clandestina y la inhabilitó por 20 años para operar en la Argentina.
El vínculo de Harbour con los antecedentes de Sea Lion no apareció por primera vez en el reciente comunicado. El 5 de septiembre pasado se publicó una investigación sobre Bluewater, proveedor estratégico del Oleoducto Vaca Muerta Sur que también presta servicios al proyecto Sea Lion. Allí se había indicado que Chrysaor “era, en ese momento, la firma que después se fusionó con Premier Oil para formar Harbour Energy”, en alusión al período en que se estableció la relación entre esas compañías y el yacimiento.
Al margen de la controversia por Malvinas, Harbour sostiene que su presencia en la Argentina responde a una apuesta estratégica de largo plazo, separada de Sea Lion. La compañía ingresó al país en 2024, cuando compró el negocio de exploración y producción de Wintershall Dea, que comprendía activos con casi 50 años de actividad ininterrumpida en distintas provincias.
A partir de esa adquisición, Harbour opera en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Entre sus principales activos están la concesión Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), dedicada a la producción de gas en el mar, y los bloques San Roque y Aguada Pichana Este, en Vaca Muerta, donde posee participaciones minoritarias. También tiene una participación del 15 por ciento en un proyecto de infraestructura para exportar gas natural licuado desde la cuenca neuquina a los mercados internacionales.
De acuerdo con datos de la propia empresa, CMA-1 produjo en 2025 un promedio de 52.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, mientras San Roque aportó 2.500 barriles equivalentes por día. Luego de perforar cuatro pozos de exploración y evaluación y otros cuatro pozos piloto, Harbour gestiona la renovación de su inscripción en el Registro de Empresas Petroleras. Para emitirla, la Secretaría de Energía verifica el cumplimiento de la Ley Malvinas y de las normas aplicables; la inscripción habilita a operar hidrocarburos no convencionales.
La compañía espera la renovación, que se estaría demorando más de lo previsto, aunque dentro de un plazo posible, según indicó. El permiso es necesario para iniciar el desarrollo de petróleo de esquisto en Vaca Muerta, con un programa piloto de 16 pozos previsto para fines de 2026.
Si obtiene la autorización del Gobierno, ese proyecto podría servirle para solicitar los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque Harbour no confirmó esa posibilidad.
La base accionaria de Harbour es internacional y diversificada. Sus principales accionistas son el grupo alemán BASF, con el 16,4 por ciento; Altor Finance, con el 10,4 por ciento; Control Empresarial de Capitales, de Carlos Slim, con el 5,3 por ciento; BlackRock, con el 4 por ciento, y LetterOne, con el 3,8 por ciento.
En los últimos días se conoció una denuncia penal presentada ante la Cámara Federal porteña por Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas. La presentación surgió de una investigación iniciada en septiembre de 2025, después de que la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda alertara al organismo sobre la situación de Harbour Energy en el país.
El expediente vuelve sobre la Resolución SE 481/2013. Según la denuncia, la sanción “nunca fue derogada”, y el cambio de nombre de Premier Oil a Harbour Energy “no alteró su continuidad jurídica ni la vigencia de la inhabilitación”.
El eje de la causa está en 2024, cuando Harbour negoció la compra de los activos globales de la petrolera alemana Wintershall Dea AG por 11.200 millones de dólares. De acuerdo con el expediente, el contrato incluyó una cláusula llamada “Condición del Perdón Argentino” —Argentine Pardon Condition, en inglés—. El cierre de la operación dependía de que la filial argentina de Harbour consiguiera inscribirse en el Registro de Empresas Petroleras de la Secretaría de Energía. Para la fiscalía, la cláusula mostraría que las compañías conocían el impedimento legal y que, como la legislación argentina no prevé un perdón para sanciones firmes, solo podía cumplirse mediante un acto administrativo irregular.
El expediente afirma que Harbour Energy Argentina consiguió inscribirse en el registro el 14 de febrero de 2024 y volvió a hacerlo el 26 de diciembre de ese año, pese a la inhabilitación. También sostiene que Wintershall Dea Argentina SA permaneció inscripta después del 3 de septiembre de 2024, cuando pasó a estar bajo el control de Harbour, sin que los funcionarios reclamaran una actualización de la declaración jurada ni analizaran el efecto de la sanción.
A partir de esas inscripciones, Harbour pasó a controlar indirectamente participaciones en Aguada Pichana Este y San Roque, en Vaca Muerta, y en la Cuenca Marina Austral 1. Además, se benefició de contratos con Cammesa y Enarsa. La denuncia también incorpora las resoluciones 165/2025 y 353/2025 de la Secretaría de Energía, dictadas en abril y agosto de 2025, que otorgaron a Southern Energy, proyecto de gas natural licuado en el que Harbour posee el 15 por ciento, certificados de libre exportación por 30 años.
La presentación señala a la actual secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; al exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; al subsecretario de Combustibles Líquidos, Horacio Federico Veller, y al apoderado de Harbour Argentina, Tomás Lanardonne.
Según la PIA, la información que acreditaba la inhabilitación —las resoluciones de 2013, la nómina pública de empresas sancionadas y un expediente iniciado en 2021 contra Harbour— estaba disponible en los registros del organismo. Por eso, la omisión reiterada de aplicar la medida, sostiene, no podría atribuirse a un error, sino a una decisión deliberada. En forma provisoria, los hechos fueron encuadrados en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Si se comprobaran pagos o beneficios indebidos, podrían sumarse los delitos de cohecho pasivo y activo para los representantes empresariales.
La denuncia solicita además que se investiguen posibles falsedades en las declaraciones juradas y la eventual responsabilidad penal de las compañías de acuerdo con la ley 27.401, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“La ausencia de estos mecanismos de control específicos no implica, sin embargo, que los funcionarios encargados de autorizar los proyectos de exportación de GNL no tuvieran el deber de analizar si los solicitantes o sus accionistas estaban inhabilitados por infracción a la ley 26.659. Como ya se ha señalado, esa ley es de orden público y se encuentra vigente, por lo que es de aplicación obligatoria e irrenunciable”, afirma la denuncia.
El escrito concluye: “Las autoridades de la Secretaría de Energía omitieron de manera reiterada aplicar la ley 26.659 y la Resolución SE 481/2013 respecto de la empresa Harbour Energy plc. Esta actuación irregular posibilitó que dicha empresa realizara negocios millonarios en el país, a pesar de encontrarse inhabilitada”.
La presentación también menciona un cambio posterior en la política oficial. El 3 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo anunció un endurecimiento de las medidas para defender la soberanía sobre Malvinas y dictó el Decreto 868/2026, destinado a reforzar los controles y agilizar las sanciones por incumplimientos de la ley 26.659. Para la fiscalía, esa decisión posterior no altera la responsabilidad de los funcionarios involucrados, que debe evaluarse según las normas vigentes cuando ocurrieron los hechos.
