El impacto de la caída de los ingresos golpeó de lleno en la alimentación cotidiana. De acuerdo con el documento, el 9% de los chicos debió saltearse alguna comida diaria —desayuno, almuerzo, merienda o cena— por falta de recursos, una cifra que supera el 5% del año pasado y el 7% medido en 2022. En el caso de los adultos, el porcentaje de quienes omitieron comidas trepó del 16% al 29%. Asimismo, el 43% de los hogares dejó de comprar determinados alimentos por problemas económicos (frente al 29% de 2025, el 52% de 2024 y el 41% de 2023), mientras que el 37% de los mayores achicó sus propias porciones para resguardar a los menores y el 43% modificó su dieta; entre los niños, esas reducciones fueron del 12% y el 21%, respectivamente.
Para sostener la economía doméstica, las familias debieron recurrir al recorte de consumos, la búsqueda de ingresos extra y el endeudamiento. La medida más habitual fue adquirir productos alimenticios más económicos, decisión tomada por el 60% de los encuestados. Además, el 45% incrementó su carga horaria laboral, el 39% suspendió gastos de recreación infantil, el 30% solicitó asistencia a familiares o allegados, el 29% dejó de pagar actividades culturales o deportivas y el 11% vendió pertenencias. En paralelo, el 55% de los hogares tuvo a algún miembro buscando un segundo trabajo o realizando «changas», una proporción que asciende al 61% entre quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En esa misma línea, cuatro de cada diez adolescentes (40%) debieron realizar trabajos informales al menos una vez por semana en los últimos seis meses, frente al 28% del año anterior.
El acceso a la salud y el pago de servicios también sufrieron fuertes restricciones. El 36% de las familias postergó consultas médicas u odontológicas por falta de dinero —el registro más alto desde que comenzó la medición en 2020, frente al 24% de 2025—, y el 21% interrumpió la compra de medicamentos (contra el 15% del período previo). En tanto, la imposibilidad de abonar algún servicio en el último semestre subió del 39% en agosto de 2025 al 44% en septiembre actual, encabezada por los resúmenes de tarjetas de crédito (23%), electricidad (13%), internet (11%), telefonía (6%), impuestos municipales (4%), patentes (3%) y medicina prepaga (1%), con subas interanuales en todos los rubros salvo en las dos últimas categorías.
Esta asfixia financiera impulsó el endeudamiento familiar, que pasó del 46% al 50% en el último año, dejando muy atrás los niveles inferiores al 30% registrados entre 2020 y 2024, cuando la escasez de crédito y la alta inflación licuaban los pasivos. El mayor salto se produjo en el financiamiento con tarjetas de crédito, que se duplicó del 16% al 32%, acompañado por compromisos con bancos, entidades no bancarias y billeteras virtuales. El 42% de los hogares tomó deuda específicamente para comprar comida; el 26%, para abonar servicios y vivienda; el 11%, para saldar deudas previas, y el 10%, para cubrir salud y educación.
Desde el organismo internacional subrayaron que, frente a la pérdida de poder adquisitivo —agravada porque la Prestación Alimentar no acompañó el ritmo de la inflación—, es fundamental sostener la movilidad automática de las asignaciones, tal como aparenta contemplar el proyecto de presupuesto para 2027, además de priorizar partidas para comedores escolares y nutrición en la primera infancia.
El informe también abordó las problemáticas que atraviesan los jóvenes de entre 13 y 17 años, señalando que cuestiones estructurales como la salud mental requieren mayor presencia en la agenda pública. Alrededor de 400.000 adolescentes manifestaron haber sufrido acoso escolar, un indicador que escaló diez puntos desde 2022 al pasar del 7% al 17% sin mostrar retrocesos. De igual modo, crecieron de manera sostenida los cuadros de ansiedad (36%), angustia (30%) y depresión (18%). Por otro lado, el 38% afirmó conocer a algún par que realiza apuestas en línea, práctica en la que siete de cada diez involucrados son varones. Al consultarles por sus principales preocupaciones, encabezó el consumo de drogas (49%), seguido por la pobreza (45%), la salud mental (43%), la violencia (40%), la discriminación (39%), la falta de empleo (36%), las deudas familiares (35%), la calidad educativa (32%), la inflación (24%), el cambio climático (22%) y la ludopatía (16%).
Estos datos se conocen en un escenario en el que, según las estadísticas oficiales del Indec correspondientes al primer semestre del año, la pobreza general alcanzó el 32,3% (15,4 millones de personas), la indigencia se ubicó en el 7,5% y la pobreza infantil llegó al 44,5%, afectando a 4,1 millones de chicos de hasta 14 años. Desde la administración de Javier Milei atribuyen el repunte de más de cuatro puntos respecto del 28,2% de finales de 2025 a un fenómeno «transitorio» derivado de la inflación posterior al proceso electoral del año pasado, y remarcan que la desaceleración de precios permitió sacar de la pobreza a 12 millones de personas desde inicios de 2024 (y a dos millones desde fines de 2023). En sintonía, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, destacó que desde el pico del primer trimestre de 2024 unos 1,8 millones de menores dejaron de ser pobres y 1,5 millones salieron de la indigencia —reduciendo este último indicador en un 60%—, resaltando que en la segunda mitad de 2025 se habían alcanzado los registros más bajos desde 2018 tras superar gestiones anteriores donde la pobreza infantil superaba el 50%, más allá del leve incremento de tres puntos verificado en la última medición semestral.
