El Gobierno impulsa concesiones y transferencia de rutas para reactivar la economía

El Gobierno presentará este miércoles un nuevo avance en su estrategia destinada a revitalizar la infraestructura vial, enfocándose en concesiones privadas y aumentando la participación provincial en la gestión de las rutas nacionales.

En esta misma jornada, se procederá a la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la etapa III de la Red Federal de Concesiones, y se firmará un convenio con la provincia de Santa Fe, marcando la primera transferencia de obras y mantenimiento sobre un corredor nacional clave para la actividad agroexportadora.

La actividad inaugural comenzará a las 10 con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de la tercera etapa del sistema de concesiones promovido por el Ministerio de Economía. La licitación abarca ocho tramos de la Red Vial Nacional, incluyendo regiones como Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, y representa un paso fundamental para completar los alrededor de 9000 kilómetros de rutas nacionales que el Gobierno previó el año pasado en el marco de la privatización de Corredores Viales.

A través de una resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial, el Gobierno validó la primera fase del proceso licitatorio de la etapa III de concesiones viales, mediante la cual transferirá el control, mantenimiento y peajes de ocho tramos que suman 3900 kilómetros en todo el país. Para esta fase, se preclasificaron 22 ofertas de 50 recibidas, se rechazaron dos propuestas, y se programó la apertura de los sobres con las ofertas económicas para este miércoles 22.

Entre las empresas y uniones transitorias que siguen compitiendo figuran CPC, que presentó ofertas para los ocho corredores; la UTE conformada por Rovial, Obring, José Eleuterio Pitón y Edeca, que se interesa en tres tramos; así como IEB Construcciones-Trading MRG, que aspira a quedarse con seis. Otras constructoras y consorcios también continúan en carrera para distintos corredores de la red nacional.

Este proceso es parte de la privatización de Corredores Viales, regulada por la Ley Bases 2024 y posteriormente por un decreto que habilitó el régimen de concesión de obra pública mediante peajes. Los contratos tendrán una duración de 20 años y los adjudicatarios deberán cumplir con una serie de obras mejorativas antes de ajustar las tarifas.

El miércoles también se firmará un acuerdo en la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para formalizar la transferencia a la provincia de las obras y el mantenimiento de la A012, que incluye los accesos a los puertos del Gran Rosario.

Este corredor es estratégico debido a su conexión con el complejo agroexportador. El convenio, que tendrá una validez de 20 años, permitirá que Santa Fe asuma las responsabilidades de reparación y conservación de la ruta, siendo que cualquier esquema de cobro de peajes requerirá un proceso adicional.

La firma de este convenio representa un avance concreto de la normativa gubernamental implementada en abril con el decreto 253. Dicho decreto autorizó a provincias como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios.

Cabe destacar que la delegación de facultades no conlleva el traspaso de la propiedad de las rutas, ya que el Estado nacional retiene el dominio público y la jurisdicción federal, permitiendo a las provincias manejar aspectos relacionados con la administración, reparación, ampliación y mantenimiento, siempre que firmen convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y obtengan la aprobación de la Secretaría de Transporte.

Cada distrito deberá presentar un plan de obras, un esquema de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión, que deben incluir tarifas de peaje y plazos. Las concesiones podrán ampliarse hasta 30 años, y los ingresos generados deberán destinarse exclusivamente al corredor concesionado, sin opción a financiar otras obras.

La decisión de avanzar simultáneamente con nuevas concesiones nacionales y el traspaso de rutas a las provincias forma parte de la estrategia del Gobierno para fomentar el crecimiento económico mediante inversiones en infraestructura, evitando recurrir a un modelo tradicional de obra pública financiada por el Estado.

A principios de julio, durante la presentación del programa financiero para los próximos 18 meses, Caputo afirmó que el país experimentará un “salto muy importante” en infraestructura, propulsado por privatizaciones y concesiones.

El ministro mencionó, entre otros proyectos, la privatización de Transener, la concesión de la Hidrovía, la futura licitación del Belgrano Cargas y las concesiones de rutas nacionales, como medidas destinadas a fortalecer el crecimiento de la economía.

La iniciativa también se da en un contexto en el que el Gobierno mantiene conversaciones con diversas provincias interesadas en gestionar corredores nacionales que actualmente tienen concesiones vigentes. En numerosos distritos, las quejas por el deterioro de las rutas y la urgencia de mejorar la infraestructura logística para sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos han impulsado las negociaciones para avanzar con nuevos convenios, tal como prevé el decreto 253.

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