En una entrevista radial, Salvioli, quien presidió el Comité en 2018, comentó sobre la petición presentada por los abogados de Kirchner para su rehabilitación en cargos públicos y el levantamiento de su prisión domiciliaria.
«El Comité no tiene la facultad de declarar la inocencia o culpabilidad de Cristina Kirchner, su rol es evaluar si la actuación del Estado ha transgredido un instrumento legal vinculante para Argentina, como lo es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos», explicó.
El jurista advirtió que «el umbral de arbitrariedad que debe demostrar el Comité es muy elevado», y enfatizó que para que se emita una decisión, debe demostrarse una arbitrariedad clara, ya que el organismo no actúa como un revisor de instancias judiciales nacionales.
Salvioli aclaró que, aunque las decisiones del Comité son consideradas recomendaciones, poseen un carácter vinculante debido a su función como último recurso en la defensa de los derechos humanos. Según su criterio, un Estado no puede ser a la vez juez y parte en estos asuntos.
Añadió que los «requisitos formales» de la solicitud presentada por los abogados de Kirchner están adecuados, pero la evaluación del contenido recae en el Comité, compuesto por 18 expertos independientes que actúan sin instrucciones de algún Estado.
El jurista también destacó que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es parte de la Constitución Nacional, por lo que el incumplimiento de las decisiones del Comité llevaría a que el Estado incurra en ilicitud internacional, lo que dañaría la imagen del país.
Salvioli recordó su experiencia al frente del Comité, donde se decidieron acciones como la conmutación de condenas a muerte en juicios injustos. En esos casos, el organismo tiene la capacidad de reexaminar juicios o solicitar su anulación en situaciones de evidente arbitrariedad, llevando a la consecuente reparación que es la libertad.
Finalmente, destacó que Argentina, en período democrático, ha cultivado una tradición de respeto hacia las resoluciones de los organismos internacionales.
