El gasto total previsto asciende a 58,6 billones de pesos. La iniciativa también solicita autorización para tomar deuda por 1000 millones de dólares e incorpora un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para las intendencias, vinculado a ese endeudamiento. La emergencia económica, vigente en la provincia desde el año pasado, continuará.
De acuerdo con el Ministerio de Economía provincial, el proyecto contempla una inversión de capital de 4,05 billones de pesos; 2,32 billones para “protección de sectores vulnerables”, incluida la ampliación del Servicio Alimentario Escolar; 2,26 billones para salud; 1,93 billones para educación, y 1,98 billones para seguridad y el Servicio Penitenciario.
“El gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que, a octubre, alcanzan $20 billones, que en la gestión del gobernador Axel Kicillof destinábamos a escuelas, patrulleros, ambulancias, servicios y derechos de todos los bonaerenses”, dijo López durante la presentación. “A esto, se suma la caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por las políticas nacionales”, agregó.
“En el marco de esta crisis y emergencia económica profunda, los proyectos de ley de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2027 son las herramientas que nos permiten como Estado provincial garantizar que las y los bonaerenses cuenten con mejores condiciones en este contexto tan complejo”, sostuvo el ministro ante los legisladores.
La solicitud de endeudamiento es por 1000 millones de dólares. El año pasado, la provincia había obtenido autorización para tomar deuda por hasta 3685 millones de dólares. Para reunir los votos necesarios, el gobernador incluyó en su propuesta un fondo municipal destinado a seguridad, atado a la recaudación del endeudamiento.
En cuanto al proyecto de Ley Impositiva, el gobierno bonaerense señaló que no habrá cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos ni del impuesto de sellos, y que tampoco aumentarán los impuestos patrimoniales.
Un análisis de una bancada opositora estima que los gastos y los recursos crecerán cerca de un 36% nominal frente a la ley de presupuesto de 2026. Según ese cálculo, el déficit financiero aumentará más del 40%, de 1,54 billones a 2,15 billones de pesos.
Magario afirmó que el gobierno provincial cree “en los consensos”. También sostuvo: “Es un Presupuesto donde hay mucha inversión dedicada a la salud, la educación y el sostenimiento de obras públicas y viales que hoy están absolutamente paradas en el país”.
Desde bloques como el de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados anticiparon que reclamarán que el presupuesto contemple un “reparto equitativo de recursos para todos los municipios, sin discrecionalidad” y que “se ponga el eje en que lleguen los recursos para que la obra social IOMA no siga disminuyendo sus prestaciones e incumpliendo con sus afiliados”.
El diputado provincial Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, cuestionó la exposición de López. “El gobierno de Kicillof ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores. Una motosierra mal aplicada: el ajuste lo terminan pagando quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la Provincia”, escribió en su cuenta de la red social X.
El 31 de agosto, el gobierno bonaerense había comunicado a la Legislatura que no presentaría el presupuesto dentro del plazo previsto, porque necesitaba conocer los parámetros del proyecto nacional, presentado el 15 de septiembre.
López expuso el proyecto este jueves por la mañana en el auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense. Lo acompañaron la vicegobernadora Verónica Magario, quien preside el Senado provincial, y Alexis Guerrera, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados.
Según una fuente legislativa al tanto del trámite, el 17 de noviembre se reunirán el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, Cristian Girard, y los integrantes de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras.
El período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense termina el 30 de noviembre. La presentación del presupuesto abre una instancia de negociación entre el oficialismo y la oposición. Entre los asuntos pendientes figuran el intento de la mayoría peronista de restablecer la reelección indefinida de los intendentes y la designación de jueces para la Suprema Corte bonaerense, que tiene cuatro vacantes.
