La Encrucijada Fiscal de 2026: Del ‘Motosierra’ al ‘Bisturí’ en la Búsqueda del Superávit
Los resultados fiscales correspondientes al primer trimestre de 2026 han puesto de manifiesto un cambio de paradigma en la estrategia económica del Gobierno. Para poder sostener la meta del superávit fiscal, a pesar de la marcada contracción de los ingresos tributarios, las autoridades se ven obligadas a transitar desde la política de recortes generalizados y bruscos, popularmente conocida como «motosierra,» hacia una gestión del gasto mucho más quirúrgica y precisa, un auténtico «bisturí» aplicado a las diversas partidas del Sector Público Nacional (SPN).
Este giro obedece a que las condiciones que facilitaron el ajuste en los años precedentes han mutado drásticamente. A diferencia del primer año de gestión y parte del segundo, cuando la combinación del recorte del gasto discrecional y una elevada inflación operaban en tándem para generar un resultado fiscal positivo, en 2026 la caída de la recaudación y la desaceleración inflacionaria ejercen una presión contraria sobre las cuentas públicas.
No obstante el deterioro en los ingresos, el riesgo de un «desvío inmediato» de la trayectoria fiscal no es la preocupación principal, según señala el economista Isidro Guardarucci, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). La amenaza al superávit radica más bien en la «acumulación de pequeñas presiones» que, en conjunto, pueden erosionar el resultado positivo.
Las ‘Pequeñas Presiones’ que Amenazan la Meta Fiscal
Guardarucci identifica una serie de factores que configuran un escenario fiscal notablemente más desafiante que el de 2024:
Ingresos Tributarios más Débiles: La merma en la recaudación es el factor de presión más directo.
Subsidios que Dejan de Caer: Luego de recortes iniciales significativos, la inercia o necesidad de sostener ciertos subsidios comienza a moderar su caída, e incluso a revertirla en algunos rubros.
Universidades en Recomposición: Las instituciones de educación superior han logrado, al menos en parte, revertir la licuación inicial de sus presupuestos.
Provincias con Menos Margen: La reducción en las transferencias corrientes y la menor coparticipación dejan a las administraciones provinciales con menor margen de maniobra, lo que podría generar demandas de asistencia al Gobierno central.
Prestaciones Sociales Rígidas: Los gastos en seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones) presentan una rigidez a la baja que limita el ajuste por esa vía.
El economista concluye que este panorama «conforma una agenda fiscal más exigente que la de 2024,» lo que eleva el superávit de ser «sólo una señal de disciplina» a convertirse en una «prueba de gestión fina.»
El Fin de la ‘Licuadora’ Inflacionaria
Una de las herramientas silenciosas y más efectivas del ajuste inicial, la inflación, se ha desactivado. En 2024, la consolidación fiscal inicial fue posible gracias a una «fuerte licuación de partidas» y una «dinámica nominal que, por momentos, favorecía la caja.» Mientras que la inflación desbocada pulverizaba el valor real de las partidas de gasto (especialmente las no indexadas o con actualización rezagada), al mismo tiempo impulsaba la recaudación nominal.
En 2025, el superávit se mantuvo, aunque «con menor holgura,» gracias a «recortes muy significativos,» focalizados particularmente en subsidios económicos e inversión pública.
Sin embargo, el escenario de 2026 es distinto. Si la recaudación no repunta, «sostener el resultado exigirá administrar una política fiscal menos obvia, donde cada rubro cobra más relevancia.» En síntesis, el Gobierno requiere de una mayor pericia administrativa y política para identificar y ejecutar recortes puntuales sin desestabilizar sectores clave.
La Recaudación en Caída Libre durante el Primer Trimestre
Los datos del primer trimestre confirman la presión a la baja sobre los ingresos. La recaudación tributaria acumulada experimentó una caída real del 8% en comparación con el mismo período de 2025. Esta baja equivale a una merma de aproximadamente $3 billones a moneda constante del año actual.
Lo más preocupante es que la retracción no se concentra en un único impuesto, sino que es «amplia y se distribuye entre los principales pilares de la estructura tributaria nacional.» El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el principal responsable de la contracción, aportando un déficit cercano a $0,9 billones en el trimestre, reflejo directo de la fuerte caída en los niveles de actividad económica y consumo interno.
El Gasto en Disminución, pero con Heterogeneidad
A pesar de la caída de los ingresos, el Gobierno logró que el gasto total entre enero y marzo disminuyera un 5,1% real respecto a igual período de 2025. No obstante, esta caída global esconde comportamientos muy disímiles entre las partidas:
Los Mayores Recortes (la ‘Motosierra’ residual):
Gastos de Funcionamiento No Salarial: Cayeron un notable 28,4% real, impactando en la operatoria diaria y la estructura burocrática del Estado.
Gasto de Capital Nacional (Obra Pública): Se desplomó un 29,2%, confirmando la paralización de la inversión pública.
Transferencias Corrientes a Provincias: Se redujeron con fuerza, un 27%, afectando las finanzas de los distritos subnacionales.
Resto de Prestaciones Sociales: Cayeron un 17,2% real, reflejando el impacto del ajuste en programas sociales no previsionales.
Las Partidas en Aumento (el ‘Bisturí’ o la Presión):
Universidades: Muestran una significativa recomposición en el acumulado trimestral, con un aumento real del 32,6%, producto de acuerdos y aumentos de presupuesto tras las demandas.
Transferencias de Capital a Provincias: También experimentaron un crecimiento, aunque partiendo de una base de comparación históricamente baja.
Subsidios Económicos: Ascendieron un 15% real en el primer trimestre. Este aumento, en gran medida, se explica por la necesidad de contener las tarifas de servicios públicos o por la renegociación de contratos, lo que representa una importante presión sobre la caja.
En resumen, el Gobierno debe ahora demostrar una capacidad de gestión fiscal mucho más sofisticada. El superávit de 2026 dependerá de la habilidad para maximizar la eficiencia del gasto, minimizando las presiones sectoriales y administrando el ajuste con precisión, ante la ausencia del efecto licuador de la inflación y la debilidad persistente de la recaudación.
