La disputa actual en la Ciudad de Buenos Aires trasciende la mera renovación de contratos, planteando un choque fundamental entre dos visiones del Estado y la gestión de servicios públicos. Por un lado, la administración de Jorge Macri impulsa una lógica de eficiencia empresarial, buscando estandarizar el servicio a través de requisitos técnicos y financieros exigentes, similares a los de las grandes empresas de higiene urbana. Por el otro, el modelo de las cooperativas de recicladores urbanos defiende una gestión basada en la inclusión social y el arraigo comunitario, fruto de un proceso de organización que nació de la necesidad tras la crisis de 2001.
El trasfondo económico del conflicto se centra en el nuevo pliego de licitación. Las organizaciones denuncian que las exigencias de alta facturación, la titularidad de los Centros Verdes y la posesión de flotas propias de camiones actúan como barreras de entrada que favorecen la privatización de facto del sistema. Estas condiciones pondrían en riesgo la estabilidad de alrededor de 7.000 puestos de trabajo, amenazando con desplazar a los trabajadores que construyeron el sistema durante las últimas dos décadas por estructuras empresariales que priorizan el lucro sobre la contención social.
Ante este escenario, el reclamo de las cooperativas y de la FACCyR es claro: exigen ser parte activa en el diseño de las políticas públicas que afectan su sector. Argumentan que el éxito del sistema de reciclado porteño depende de reconocer el saber territorial de los recicladores y su impacto ambiental, y no de una aplicación rígida de criterios corporativos que ignora la dimensión humana y social de la tarea.
