Los principales ejecutivos señalados en este caso por el fallecido juez Claudio Bonadio fueron Luis Betnaza y Héctor Zavaleta. Ambos declararon que funcionarios de planificación les habían solicitado más de dos millones de dólares para facilitar la huida de los empleados de Sidor, la mayor metalúrgica de Venezuela, a raíz de la nacionalización impuesta por Chávez. Contrario a sus afirmaciones, Brizzio presentó información demoledora: los pagos, reflejados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, correspondieron al periodo entre agosto y diciembre de 2008, mientras que los trabajadores argentinos ya habían salido de Venezuela en junio de ese año. Así, los pagos por “razones humanitarias” se habrían realizado cuando los empleados ya no estaban en el país.
A lo largo de este proceso, los funcionarios de planificación siempre negaron haber recibido pagos, insinuando que el dinero pudo haber sido apropiado por los mismos ejecutivos de Techint. En este contexto, se destacó que tanto Betnaza como Zavaleta se incluyeron en el blanqueo establecido por el gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, el propietario de Techint, Paolo Rocca, también declaró durante la investigación de Cuadernos, manifestando no tener conocimiento de las supuestas coimas, un argumento poco convincente dado el tamaño de la cantidad involucrada, que asciende a al menos dos millones de dólares. Resulta difícil imaginar que una suma de ese calibre pudiera movilizarse sin el conocimiento del dueño de la empresa.
Brizzio se apartó radicalmente de la narrativa previa, afirmando que Rocca y José María Olazagasti, quien fue el número dos de De Vido, supervisaron las negociaciones sobre Sidor, y que en ningún momento se solicitó dinero. Al mismo tiempo, destacó que las conversaciones con el gobierno de Chávez no giraron en torno a la salida de los empleados, sino a la compensación económica. Quienes estuvieron al tanto de esas negociaciones aseguran que Techint logró un acuerdo sumamente beneficioso, obteniendo una cuantiosa reparación.
La fiscal Fabiana León ha convocado a una serie de testigos que han aportado declaraciones que desmienten las acusaciones, generando desconcierto, incluso en la fiscalía. La expectativa era que Brizzio confirmara los pagos, pero lo hizo precisamente a la inversa. Este patrón se repitió con Florencio Randazzo, quien declaró que Cristina Kirchner nunca instruyó a favorecer a ciertos empresarios ni recibió confesiones de estos acerca de pedidos de dinero.
El próximo martes, Betnaza y Zavaleta están citados a declarar. Se espera que sus testimonios sean confrontados con los de Brizzio, quien sigue trabajando en Techint, mientras que los otros dos ya no ocupan sus posiciones.
