La preocupación de la FEC se centra en los efectos que han sufrido los empresarios que tienen contratos considerados «firmes», que incluyen un cargo adicional destinado a asegurar la continuidad del suministro mediante la reserva de capacidad. En episodios recientes, sostienen, han ocurrido cortes sin una justificación clara que aclare la base técnica o normativa que permita tales interrupciones.
La Federación ha requerido que el Poder Ejecutivo informe si las decisiones tomadas se han derivado de situaciones de emergencia operativa o fuerza mayor debidamente certificadas. En caso contrario, solicita que se examine un mecanismo de compensación económica que involucre a las distribuidoras en la cadena de suministro. Asimismo, se interesa en conocer el orden de prioridades en los cortes y los criterios empleados para gestionar la demanda.
En este contexto, la FEC ha exigido al ente regulador detalles sobre la trazabilidad de las decisiones operativas, la posible afectación de usuarios considerados interrumpibles antes de imponer restricciones a los contratos firmes, y la existencia de mecanismos formales que justifiquen las medidas implementadas.
Juan Carlos Basílico, presidente de la FEC, comentó que «las gestiones buscan abrir una instancia de revisión institucional sobre el funcionamiento del sistema de abastecimiento y sobre eventuales mecanismos de compensación cuando se verifique la afectación de contratos que implican pago de reserva de capacidad.»
Por su parte, otras organizaciones empresariales del sector han reafirmado su intención de modificar el actual esquema contractual que clasifica entre modalidades firmes e interrumpibles. Pedro Llorvandi, presidente de CEPASE, afirmó que esta estructura responde a una fase del sistema energético caracterizada por limitaciones de suministro y elevada dependencia de importaciones, situaciones que, según él, no se alinean con la realidad productiva actual.
El representante de Santiago del Estero agregó que la regulación necesita ser actualizada: “Hace dos décadas, el país afrontaba restricciones de gas y se adoptaron criterios que hoy no reflejan la realidad del sistema”.
Indicó que el crecimiento de la producción nacional ha transformado el panorama energético y que las normativas vigentes deben adaptarse a esta nueva condición. “Ahora hay un abastecimiento de gas disponible, y es preciso establecer normas más acorde con la situación actual. Estamos dialogando con el ENARGAS para abordar estos temas”, afirmó.
Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, destacó que una parte significativa de la red ya ha transitado hacia contratos firmes, lo que ha mitigado los efectos de los cortes en zonas con alta demanda. Sin embargo, advirtió que la situación no es uniforme en todo el país.
González afirmó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires predominan los contratos firmes, mientras que en el interior persisten esquemas interrumpibles que dejan desprotegidas a las estaciones durante picos de consumo. También subrayó que la continuidad de contratos menos seguros a veces se debe a decisiones de cada operador.
El dirigente añadió que en algunas localidades la escasa adhesión a contratos firmes impacta directamente en la interrupción del abastecimiento durante períodos críticos, ocasionando cierres temporales de estaciones.
A pesar de esta disparidad, los representantes coincidieron en la importancia de garantizar una previsibilidad operativa que asegure un servicio vital tanto para la movilidad urbana como para el abastecimiento energético en diversas regiones del país.
