Las maniobras incluían la contratación de proveedores considerados “no confiables”, la emisión de facturas con poca o ninguna validez y la compra de dólares en efectivo que eran entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).
Entre las compañías bajo investigación se encuentran Isolux, Fainser, Sacde (anteriormente IECSA) y Esuco, todas ellas colaborando en UTE para proyectos específicos de infraestructura. Al recibir adelantos o pagos parciales del Estado, estas empresas contrataban a proveedores que emitían facturas sin haber brindado los servicios correspondientes. Estos egresos eran registrados contablemente como gastos comerciales ordinarios relacionados con las obras, permitiendo así la salida de dinero sin la debida justificación documental.
Un ejemplo señalado es Isolux, que en 2007 se adjudicó la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2000 millones de pesos. Empleados de la extinta AFIP detectaron que parte de los fondos se movía a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra. “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”, relató una de las testigos.
En relación a la UTE compuesta por SACDE e IECSA, que se ocupó del soterramiento del tren Sarmiento, se realizaron operaciones para la compra de dólares por un total aproximado de tres millones de dólares en dos o tres transacciones. Según contó María Marta Criscuolo, el Banco Santander Río señaló que los dólares fueron entregados en efectivo a los apoderados de la UTE. “Nosotros lo que pudimos ver es que la UTE que en ese periodo había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia. Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo”, precisó la testigo.
Como se anticipó, los testimonios brindados en esta audiencia abordaron documentación del organismo que, hasta ahora, había estado bajo el secreto fiscal. Comparecieron ante el Tribunal Oral Federal 7 Verónica Iglesias, Carlos Alberto Stafforini, María Marta Criscuolo, Diego Quintas, Fernando Francisco Lerendegui y Pedro Alfredo Puyo.
Los documentos presentados contenían información confidencial, que incluso era desconocida por los imputados. La defensa de uno de los acusados confirmó que las partes tuvieron acceso a un drive con esta información escaneada en las últimas horas del miércoles, con la indicación de mantener una “extrema cautela” sobre su contenido.
Por lo que se entiende, esta información sería de naturaleza fiscal y bancaria de todos los imputados, la cual sustentaría la acusación que lleva adelante la fiscal Fabiana León. Los mencionados habían aportado datos durante la investigación, los cuales no habían sido hechos públicos hasta esta audiencia. Para el martes 30, están citados María Eugenia Matilde Lanza, Jimena De La Torre, José Luís Giordano, Marcelo Pablo Costa y Eliseo Devoto.
