No obstante, una parte del material aún no se encuentra digitalizada y requerirá ser trasladada físicamente en un camión de las fuerzas federales.
La remisión del expediente se llevó a cabo tras la decisión de la Cámara en lo Penal Económico, que ratificó que la investigación debía ser radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 y solicitó el envío de la causa desde Campana.
La causa investiga a Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, quienes son propietarios de Real Central S.R.L., la firma que aparece como dueña de un terreno de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, en el partido de Pilar.
Durante diversos allanamientos en la propiedad, se encontraron 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. Una tasación valuó la propiedad en 20 millones de dólares.
Según los investigadores, ni Pantano ni Conte presentan un perfil patrimonial que justifique la adquisición del inmueble. La hipótesis del caso sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La propiedad fue comprada en mayo de 2024 por Real Central S.R.L., que anteriormente se denominaba Central Parks Drinks S.R.L. Este último, de acuerdo con la investigación, tenía una actividad económica mínima y un capital social de 300.000 pesos. El 16 de mayo de ese año, la firma cambió su nombre a Real Central S.R.L. y elevó su capital a 58 millones de pesos. Solo catorce días más tarde, llevó a cabo la compra del terreno.
Entre los primeros indicios incluidos en el expediente hay una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, utilizada, según la investigación, para cubrir gastos de la flota de vehículos hallada en la propiedad.
La causa afrontó durante siete meses una disputa de competencia entre diversos tribunales. El expediente se inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se realizaron las primeras medidas de prueba y se ordenaron los allanamientos en la propiedad. Posteriormente, pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, bajo la dirección de Marcelo Aguinsky.
Adicionalmente, debido a un planteo de inhibitoria presentado por Pantano en el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones trasladó el expediente al juzgado de González Charbay. Esa decisión fue revocada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Finalmente, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico determinó que la causa debía permanecer en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actual responsabilidad de Straccia.
La defensa de Pantano y Conte intentó apelar esta decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero la Cámara en lo Penal Económico desechó el planteo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio sostuvieron que la resolución sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni obstaculizaba el avance del proceso.
